Representante de la Defensoría del Pueblo, en Arequipa, Ángel María Manrique, demandó también al gobierno cumplir su obligación de acudir a la zona para informar sobre los aspectos técnicos del proyecto minero Tía María, así como para discutir una propuesta de desarrollo mucho más integral para la provincia de Islay.  

RCR, 7 noviembre 2019 .-  El ministerio de Educación debe tomar cartas en el asunto y actuar urgentemente en la provincia de Islay y, específicamente en el valle del río Tambo, a fin de evitar la pérdida del año escolar en la zona, afectada por una paralización y un conflicto social, alertó el representante de la Defensoría del Pueblo, en Arequipa, Ángel María Manrique.

“Se previó y se planificó un plan de recuperación. Sin embargo, éste no se viene aplicando en un cien por ciento. Aún en las instituciones educativas del Valle hay un horario restringido de clases, y todavía no implementa el programa de reforzamiento que se anunció, en su oportunidad, ni el acompañamiento socioemocional a los estudiantes y padres de familia… Ese reporte lo hemos informado al director de la UGEL y la nueva gerente (regional) de Educación, con la finalidad de que tomen cartas en el asunto e intensifiquen el trabajo, dado que corren el riesgo de perder el año”, subrayó.

En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Manrique demandó también al gobierno cumplir su obligación de acudir a la zona para informar sobre los aspectos técnicos del proyecto minero Tía María, así como para discutir una propuesta de desarrollo mucho más integral para la provincia de Islay.

“Y eso implica tener una visión de desarrollo. Tener una visión que garantice el desarrollo de todas las personas. Y, a partir de ello, que se pongan los puntos de agenda concretos, para que la población recupere esa confianza, respecto del Estado. Porque, hasta el momento, el distanciamiento y la desconfianza es lo que prima entre la relación de los ciudadanos del Valle del Tambo con el Estado”, enfatizó.

En ese contexto, advirtió que algunos padres están en una situación de temor y desconfianza y no están enviando a sus hijos al colegio, por comprensibles medidas de seguridad.

“Mucho más, en el nivel secundario. Entonces, hay que recordar a los padres de familia que es su deber garantizar el derecho a la educación de sus hijos. Por lo tanto, ellos tienen la obligación de enviarlo al colegio y acompañarlos en todo su proceso de aprendizaje”, puntualizó.

En ese sentido, dijo que corresponde al ministerio de Educación y a gerencia regional de Educación realizar un diagnóstico real de lo que está sucediendo en la zona.

“Acercarse a cada una de las instituciones educativas y, a partir de ello, tener una estrategia focalizada en las instituciones más perjudicadas.  Esto implica, además, algunas acciones que hay que enfrentar. Por ejemplo, hay algunos colegios que han planificado su recuperación de horas hasta la quincena de enero del próximo año, Pero, antes de esa fecha, no vamos a tener docentes contratados, no vamos a tener el servicio de Qali Warma”, especificó.

Detalló que la falta de clases y demás labores escolares afectan al 30 por ciento de la población estudiantil de todas las instituciones educativas ubicadas en el área del Valle del río Tambo, aproximadamente unos mil niños.

“El otro 70 por ciento estaría comprendido en el distrito de Mollendo y en el de Islay. (Para ellos) hay otro tipo de programa de recuperación. La situación crítica se encuentra en las instituciones educativas del Valle del Tambo”, concluyó.

“la situación crtirtuca se encuentra en el zona del Val,med el Vallke del Tambo”.

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