Fuente: Diario Exitosa
Las acciones legales fueron anunciadas este martes.
Dos congresistas peruanas y la ONG CooperAcción solicitaron una medida cautelar a un juez contra el proyecto minero Ariana ante el riesgo de que sus residuos tóxicos puedan contaminar el suministro de agua de Lima, habitada por unos 10 millones de personas.
La medida cautelar acompaña a una acción de amparo presentada días atrás ante el temor de que los relaves de la mina puedan filtrarse hasta el túnel transandino, que toma las aguas de la laguna de Marcapomacocha, a 4.400 metros de altitud, para llevarlas por debajo de los Andes hasta la cuenca del río Rímac.
Las acciones legales fueron anunciadas este martes en conferencia de prensa por las congresistas del bloque de izquierdas Nuevo Perú Marisa Glave y Katya Gilvonio, la directora de CooperAcción, Ana Leiva, y el subdirector de la misma, José de Echave, junto al abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Juan Carlos Ruiz.
Glave advirtió que el estudio de impacto ambiental, realizado por el Ministerio de Energía y Minas, no contempló las preocupaciones de las empresas Enel, que opera centrales hidroeléctricas con agua procedente del trasvase, y del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), que suministra agua a la capital.
“Ahora el agua se ve amenazada por la presencia de la minera. La relavera (donde se ubican los desechos de las minas) está al costado de este túnel, que abastece de agua a más de 10 millones de peruanos”, comentó Glave.
