Fuente: El Comercio
Poder Judicial aún no autoriza traslado de los restos de presos por terrorismo. Proyecto de ley plantea que comunas exhumen tumbas sin permiso judicial.
El cementerio Mártires 19 de Julio, en Comas, no ha vuelto a ser noticia. En lo alto de este recinto –donde hace dos años fue construido un mausoleo para los presos por terrorismo que murieron en el motín de El Frontón en 1986–, ya no se escuchan arengas para pedir “amnistía general” de terroristas y militares, y tampoco se observan banderolas con la hoz y el martillo de los movimientos de fachada del grupo terrorista Sendero Luminoso.
Este lugar es administrado por la Municipalidad de Comas y desde el año pasado hay más vigilancia, al extremo de que no se permite tomar fotografías sin el permiso de la comuna.
El panorama era diferente en el 2016. En agosto de ese año, la Asociación de Familiares de Presos Políticos, Desaparecidos y Víctimas de Genocidio (Afadevig) encabezó una especie de romería por las calles de Comas con los féretros de los presos por terrorismo.
Con pancartas llamaron a los fallecidos “prisioneros políticos”. Los familiares exigieron “solución política” y “reconciliación nacional”. La Dirección contra el Terrorismo (Dircote) no detuvo a ningún manifestante porque, según informó, no se había configurado el delito de apología del terrorismo.
Desde entonces, el alcalde de Comas, Miguel Saldaña, ha intentado demoler el panteón –que cuenta con 51 nichos (solo ocho están ocupados)– para evitar nuevas manifestaciones, pero el Poder Judicial aún no se lo autoriza.
–Trabas y cambios –
Desde que el llamado mausoleo se hizo público, el alcalde y la agrupación de familiares de los presos por terrorismo se han enfrascado en una contienda judicial que no tiene cuándo acabar. “El problema es que el Poder Judicial, según la ley de cementerios, me debe dar la orden para el traslado de los cuerpos, pero hasta la fecha no hay la autorización”, sostiene Saldaña.
El 23 de agosto del 2017, el Sexto Juzgado Penal de Lima Norte rechazó el pedido del municipio de Comas para exhumar los cuerpos porque no había subsanado las observaciones que se le advirtió en un primer momento a través de una resolución.
El alcalde resalta que ha cumplido todo lo solicitado por el Poder Judicial como notificar a los familiares sobre el traslado de los féretros y señalar el nuevo lugar donde estarán en el cementerio.
Según constató El Comercio, son nichos subterráneos y están separados.
Miguel Canales, representante de la asociación de los familiares, indica que sí se les ha notificado sobre el traslado, pero la demolición “atenta contra la ley de cementerios”. “La ley dice que el traslado de féretros debe realizarse por situaciones extremas y esto no lo amerita”, apunta.
Este Diario solicitó la versión del Poder Judicial sobre este tema, pero la jueza Beatriz Ormeño –encargada del caso– evitó pronunciarse.
Acelerar procesos
El 17 de mayo, el congresista no agrupado Alberto de Belaunde presentó un proyecto de ley que plantea que los municipios no necesiten más la autorización del Poder Judicial para tomar decisiones en los cementerios que administran. Por ejemplo, la exhumación estaría permitida cuando el entierro se hizo en un lugar no autorizado por la comuna. De aprobarse esta iniciativa, se aceleraría la demolición del mausoleo de Comas.
“Planteamos que para hacer el traslado de cuerpos se debe identificar las sepulturas donde se reubicarán, notificar a los deudos, que no haya un proceso judicial pendiente, y que se concrete con presencia del fiscal”, explica.
De Belaunde añade que el proyecto se debatirá la siguiente semana. “De esta manera esperamos tener la norma antes de acabar la presente legislatura”, dice.
Según la congresista Milagros Salazar, vocera alterna de Fuerza Popular, su bancada desconoce los detalles del proyecto, pero considera que es positivo si permite derrumbar el mausoleo. “Lo apoyaría porque es algo que toda la ciudadanía espera que se concrete [la demolición]”, expresa.
Agrega que es necesario que la iniciativa tenga candados para que los alcaldes no hagan mal uso de la prerrogativa que se les daría para tomar decisiones respecto a los camposantos de sus distritos.
