Fuente : Diario Correo

Jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho determinó que el fiscal Germán Juárez no acreditó el peligro de fuga u obstaculización de la justicia. Sin embargo, expresidente debe pagar caución y firmar control todos los meses.

El expresidente Martín Vizcarra Cornejo seguirá siendo investigado en libertad por el caso de las presuntas coimas que habría recibido cuando fue gobernador regional de Moquegua.

Ayer, la jueza de investigación preparatoria María de los Ángeles Álvarez rechazó el pedido de prisión preventiva por el plazo de 18 meses -planteado por el fiscal del Equipo Especial, Germán Juárez Atoche- por no presentarse los tres presupuestos establecidos por ley para la imposición de esta medida.

Sobre todo, la magistrada enfatizó que Juárez no acreditó la existencia del peligro de fuga u obstaculización de la justicia para determinar el peligro procesal por parte del imputado.

Vizcarra es investigado por  haber recibido coimas de las empresas Obrainsa e ICCGSA -ligadas al caso Club de la Construcción- a cambio de las adjudicaciones de las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

En vez de la detención, Álvarez Camacho optó por imponer la comparecencia con restricciones, que incluye un conjunto de medidas que deberá cumplir durante el proceso, bajo apercibimiento de la autoridad judicial.

Entre las medidas se encuentran la prohibición de hablar con los testigos, peritos y familiares de estos, así como no hablar sobre esta investigación en entrevistas a medios de comunicación.

También deberá abonar un monto de 100 mil soles como caución en los próximos 10 días hábiles.

Vizcarra no podrá salir del país sin permiso del juez y deberá pasar cada mes el control biométrico ante el PJ.

Juárez Atoche anunció que apelará la decisión de la magistrada y será la Sala de Apelaciones la que determine si confirma o no la comparecencia restringida.

Así las cosas, Martín Vizcarra Cornejo podrá continuar su campaña rumbo al Congreso por Somos Perú.

Tras la resolución de la jueza, Vizcarra declaró a la prensa y señaló que seguirá en campaña “con más fuerza”.

“Manifiesto que cumpliré estrictamente (las restricciones del Poder Judicial). Quiero agradecer a los millones de peruanos que creen en mí y me han respaldado con sus oraciones en estos momentos difíciles”, dijo Vizcarra, en medio de simpatizantes de su candidatura en los exteriores de su domicilio.

RESOLUCIÓN. No obstante, la investigación preparatoria recién empieza. El fiscal Germán Juárez dispuso formalizar las pesquisas contra el expresidente por el plazo de 18 meses, el pasado 11 de marzo.

En su decisión, la jueza María de los Ángeles Álvarez consideró que el arraigo domiciliario y familiar sí se cumple, mientras que el arraigo laboral se sustenta en la actividad política de Vizcarra como candidato al Parlamento.

También señaló que el peligro de fuga -planteado por la Fiscalía- no puede basarse en los viajes que el exmandatario realizó al extranjero.

Sobre la vinculación de Vizcarra con una presunta organización criminal, la jueza remarcó que no basta con indicar su existencia, sino que se debe precisar, con indicios, sus componentes y la relación del investigado.

En esa línea, remarcó que el fiscal Juárez no ha cumplido con acreditar elementos de convicción que vinculen al investigado con el delito de asociación ilícita para delinquir.

Indicó que la prisión preventiva no es un adelanto de condena ni una medida que se impone a quien se presume inocente hasta que una sentencia determine su responsabilidad penal.

Respecto a los delitos de colusión agravada y cohecho pasivo impropio, la magistrada dijo que Juárez sí ha presentado “graves y fundados elementos de convicción”.

En este punto, destacó que la Fiscalía ha corroborado la declaración de hasta cuatro colaboradores eficaces que contaron sobre el presunto cobro de coimas de Vizcarra por la adjudicación de las obras Hospital de Moquegua (1 millón 300 mil soles) y Lomas de Ilo (1 millón de soles).

Álvarez enumeró los más de 100 elementos de convicción como las llamadas de Vizcarra a los representantes de las empresas mencionadas y los correos electrónicos referidos a una avioneta alquilada por Obrainsa para una reunión con el entonces gobernador regional de Moquegua en 2013.

REACCIONES. Al respecto, el penalista Andy Carrión sostuvo que la Fiscalía deberá apresurar la acusación y esperar, prontamente, que se emita una sentencia condenatoria.”(El fallo) es una decisión muy equilibrada, pero aquí debemos precisar, como primer punto establecido por la jueza, que existen graves niveles de sospecha sobre los presuntos delitos de colusión y cohecho pasivo que imputa la Fiscalía contra Vizcarra”, indicó a Correo.Sobre el peligro de fuga y asilo político, Carrión señaló que el hecho de que Vizcarra conozca al presidente de Bolivia no puede garantizar que vaya a fugar del país. El penalista Carlos Caro Coria opinó que el fallo debería marcar un precedente respecto a las prisiones preventivas. “Si la jueza o los jueces van a ser coherentes en el futuro, no debería de haber prisión preventiva para nadie”, dijo a este diario. Caro sostuvo que con este estándar judicial, muchos de los empresarios o políticos procesados -como Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Nadine Heredia o Pedro Pablo Kuczynski- debieron haber estado en prisión. “El enfoque de la Fiscalía debería ser más bien plantear acusaciones y llevarlas a juicio para que se defina allí si hay inocencia o culpabilidad”, concluyó.