Fuente : Diario el Pueblo de Arequipa
Aún no se ha declarado la vacancia de 5 consejeros
Son nueve los integrantes del Consejo, entre quienes elegirán al Presidente, que probablemente no sea un personaje afín al quien preside el Gobierno Regional, como ocurrió los últimos años, donde prácticamente se decidía desde esta entidad, quién presidiría y las comisiones que iban a integrar, motivo por el cual algunos consejeros están presos y otros prófugos de la justicia, al ser integrantes de la banda criminal Los hijos del cóndor.
El consejero Silvio Arias indicó que la elección solo será entre los 9 integrantes que aun quedan, y no esperarán a que se integren los 5 accesitarios, debido a que se tiene que seguir una programación anual y todavía no se ha declarado la vacancia de los consejeros Yeimi Flores y Veto Bernal, ambos presos; además de Wuile Ayñayanque, Santiago Neyra y Richard Cervantes, quienes están prófugos.
En la segunda sesión del año, recién se estaría procediendo a la vacancia y luego se comunicará al Jurado Nacional de Elecciones para que pueda convocar a los cinco accesitarios, quienes deberían juramentar al cargo en el mes de febrero.
Los consejeros en esta sesión, también deberán definir si ratifican a la Comisión Especial para seguir emitiendo dictámenes al pleno de consejeros o derivan a la Comisión de Asesoría Legal y Agricultura para que emitan una opinión sobre la adenda 13 que exige la concesionaria Cobra. También se estarían reuniendo con los empresarios que integran la Cámara de Comercio e Industrias de Arequipa para tratar el tema.
Al respecto, según el consejero Arias, la situación de la adenda 13 ya estaría definida, puesto que si se lleva a votación lo más probable es que se apruebe, solo dos de sus colegas aún mantienen una posición contraria.
“Ya se ha analizado mucho y creemos que si no se firma la adenda, la región es la que perdería miles de millones de soles, porque además del arbitraje internacional a que se acogería la empresa Cobra, de anularse o suspenderse el contrato, se le tendría que pagar una millonaria indemnización, se paralizaría su ejecución mínimo por dos años y la empresa que quiera trabajarlo no lo haría por la misma cantidad, sino por mucho más”, añadió.
