Fuente : Poder Judicial 

 Juez superior Fernando Bazán Cerdán trata el tema sobre justicia comunal en el caserío Las Malvinas.

El juez superior e integrante de la Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial, Fernando Bazán Cerdán, expuso el caso de las rondas campesinas en la comunidad campesina La Malvinas, en Jaén, Cajamarca.

Fue durante el evento internacional denominado “El litigio estratégico y la justiciabilidad de los derechos de los Pueblos Indígenas – Análisis de casos”, organizado por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción Asociación Civil (Cepiadet A.C) de México.

Este evento, realizado de manera virtual, empezó el pasado 16 de febrero y durará hasta el próximo 25 del presente mes.

La reunión académica tiene como objetivo revisar y analizar casos en los que fueron planteados el litigio estratégico como mecanismo para exigir los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en América Latina.

También ser un espacio de intercambio, reflexión y teorización entre los miembros del Poder Judicial, académicos, abogados litigantes y activistas sociales para encontrar y fortalecer las salidas institucionales que requieren los conflictos que judicializa la sociedad.

SOBRE EL CERTAMEN

Además del caso peruano Rondas Campesinas Las Malvinas, el programa contempla el analizar otros como el de “San Cristóbal Suchixtlahuaca”, que estuvo a cargo de la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Primera Sala de la SCJN, Ana Marcela Zatarian.

Respecto al caso de las Rondas Campesinas Las Malvinas, realizado ayer 18 de febrero, este fue comentada por el abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, David Lobatón Palacios.

En las fechas siguientes, está prevista la presentación del “Caso Central Agraria de Zongo de Bolivia” y el “Caso Colombia”.

Para la realización del evento virtual, el Cepiadet A.C tomó como base la experiencia del contexto mexicano que, en las últimas décadas ha reconocido una serie de derechos para los pueblos, comunidades y personas indígenas mismos, cuya justiciabilidad es fundamental para la vigencia del Estado de derecho.

Como se sabe,  desde la reforma constitucional de México, aprobada en el año 2011, fue establecida la obligación de las autoridades de velar por el cumplimiento de los derechos humanos sean de fuente constitucional o de convencional, para dar la mayor protección a los derechos humanos de las personas.

Esto en el entendimiento que para muchos administradores de justicia surge la duda sobre por qué dar un tratamiento especial a los indígenas cuando las leyes deben ser de aplicación general y sin distinciones.