RCR, 12 de Enero 2026.– Luis Vivanco, candidato a Diputado por Lima Metropolitana de Alianza para el Progreso, indicó que uno de los ejes centrales de su propuesta es la reforma integral del Sistema Nacional de Justicia, que incluye al Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional. Agregó que no se trata de una reforma intervencionista, sino de un proceso orientado a fortalecer las instituciones, hacerlas más eficientes y alejarlas de intereses políticos o personales.

“Hemos propuesto eliminar la provisionalidad de los fiscales y reemplazarla por nombramientos mediante concursos públicos con reglas claras, considerando que la reciente desactivación de los equipos especiales, dispuesta por el fiscal de la Nación, constituye un primer paso para ordenar la institución, al tiempo que el sesgo con el que nacieron dichos equipos”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Señaló que, respecto al Poder Judicial, ante la alta provisionalidad de jueces genera desconfianza y suspicacias, han planteado priorizar el nombramiento de magistrados titulares mediante concursos objetivos. “No debe existir la designación a dedo de jueces, ya que ello afecta la independencia y credibilidad del sistema”, expresó.

Por otro lado, Vivanco sostuvo que la Policía Nacional requiere una reingeniería total que empiece desde las escuelas de formación, las cuales calificó como desordenadas y permeadas por la corrupción. Entre sus propuestas figura eliminar el acuartelamiento de los cadetes y fortalecer su formación académica mediante convenios con universidades, con el fin de elevar el nivel educativo y ético de los futuros policías.

“Se ha planteado eliminar el acuartelamiento de los cadetes y así fortalecer su formación académica mediante convenios con universidades, porque la PNP requiere de un cambio total que empiece de las escuelas de formación, las cuales han demostrado no tener un orden o están favoreciendo a la corrupción”, anotó.

Finalmente, remarcó que las denominadas leyes pro crimen y consideró que todas las normas cuestionadas deben ser revisadas en mesas técnicas con participación del Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público y especialistas. “Solo a través del consenso y la revisión integral de las leyes se podrá recuperar la confianza ciudadana y enfrentar de manera efectiva la criminalidad en el país”, subrayó.

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