• Advierte que el REINFO limita la capacidad de la PNP para actuar contra la minería ilegal

RCR, 24 de agosto de 2026.- En la lucha contra el avance de la criminalidad en el país, el exministro del Interior, Gral. PNP (r) Gastón Rodríguez, propuso crear una Secretaría o Superintendencia de Seguridad, Defensa y Justicia, dependiente de la presidencia de la República, con el fin de que se puedan articular las acciones de la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

“Yo creo que el Ministerio Público y el Poder Judicial también tienen que sufrir una reestructuración. No solamente la PNP. En realidad, todos los operadores de justicia”, afirmó Rodríguez en Red de Comunicación Regional (RCR) al sostener que la lucha contra la delincuencia requiere una acción coordinada entre las instituciones responsables de la seguridad y la justicia.

Cómo funcionaría la Secretaría

Explicó que su propuesta busca crear una estructura que coordine los casos en los que intervienen simultáneamente la PNP, la Fiscalía y el Poder Judicial, a fin de evitar que los delincuentes capturados vuelvan rápidamente a las calles.

La propuesta, denominada Secretaría de Seguridad, Defensa y Justicia o CDJUS, incorporaría a un fiscal supremo, un juez supremo y un general de alto grado de la PNP, de manera que las instituciones mantengan sus competencias, sin afectar sus autonomías, pero que exista una coordinación operativa estrecha en los casos contra organizaciones criminales.

“Si la Policía captura a 100, pues esos 100, debidamente inspeccionados por la Fiscalía, deben ser acusados. Y si los 100 están acusados con un argumento, pues los 100 deben terminar presos”, aseveró.

Una justicia desarticulada

El exministro cuestionó que actualmente la PNP presente a personas capturadas por extorsión o sicariato que, según indicó, incluso han sido detenidas en anteriores oportunidades. Señaló que esta situación evidencia una desconexión entre la captura policial y las decisiones posteriores del sistema de justicia.

“Las medidas contra la inseguridad ciudadana, particularmente frente a las extorsiones, no surten efecto porque los operadores de justicia actúan de manera desarticulada. Por ejemplo, si la Policía captura en un búnker a 50 extranjeros y encuentra 10 armas de fuego, al ponerlos a disposición del fiscal este exige individualizar a quién pertenecía cada arma. Como se trata de una intervención en flagrancia, los delincuentes rápidamente se despojan de sus armas y las arrojan en piscinas, inodoros, azoteas o viviendas contiguas, aprovechando un Código Procesal Penal garantista que termina favoreciendo su libertad. Al no poderse individualizar quién tenía las 10 armas, el fiscal dice: ‘pasan en condición de citados porque no hay pruebas suficientes’. Así no se le gana la guerra a nadie.  Es bien complicado”, afirmó.

Esto refleja que hay Estado desorganizado, combatiendo a la criminalidad organizada. “Todos los días siguen matando transportistas, siguen extorsionando y las caras son las mismas”, aseveró.

El REINFO, un obstáculo

Respecto al hecho de que más de 735 candidatos a cargos regionales y municipales para las elecciones ediles de octubre, están inscritos en el Registro de Formalización Minera (REINFO), Rodríguez advirtió que este mecanismo dificulta la acción policial contra la minería ilegal. Sostuvo que la Policía tiene limitaciones para intervenir cuando una actividad minera o el transporte de mineral aparece respaldado por un REINFO.

“El REINFO no le da margen a la PNO de hacer una actuación fuerte contra la minería ilegal. La PNP está atada de manos frente al REINFO”, afirmó Rodríguez, quien además alertó que la actividad minera genera grandes dividendos y puede favorecer actos de corrupción cuando las autoridades tienen vínculos con ese sector.

El exministro también expresó preocupación por la posibilidad de que autoridades de Pataz, Madre de Dios y otras zonas con presencia de minería ilegal lleguen a disponer de policías municipales armadas. Advirtió que una estructura de ese tipo podría generar conflictos de mando durante operaciones de la PNP contra organizaciones vinculadas con la actividad ilegal.

Rodríguez señaló que algunas de estas organizaciones pueden asociarse con grupos criminales como Los Pulpos y Los Choneros, diferenciándolas de los mineros artesanales o pequeños mineros que desarrollan actividades dentro de un proceso regular. En ese escenario, consideró necesario revisar la ampliación del Reinfo y fortalecer los mecanismos de control antes de las elecciones regionales y municipales de octubre de 2026.