RCR, 26 de agosto 2026.- La bancada de Juntos por el Perú (JPP) busca “petardear la democracia”, generar inestabilidad y provocar un conflicto innecesario al impulsar mociones de interpelación contra tres ministros del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, cuando apenas llevan unas semanas en funciones.
Así lo sostiene el politólogo y analista político Miguel Ángel Ibarra, quien considera necesario otorgar un periodo de gracia de 120 días al nuevo gobierno para que organice su gestión y pueda afrontar problemas más urgentes como la crisis de inseguridad y los impactos del Niño Costero 2026.
“Creo que JPP, a través de sus diputados, en la Cámara de Diputados, tiene intención de ejercer control político sobre algunas decisiones o actos que tome el Ejecutivo. Creo que lo que está haciendo JPP es, de alguna u otra manera, petardear la democracia, generar inestabilidad, zozobra y un conflicto innecesario que el país no lo necesita en este momento”, afirmó Ibarra en Red de Comunicación Regional (RCR).
La bancada de izquierda apunta mociones de interpelación contra los ministros de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa; de Energía y Minas, Guillermo Shinno; y el titular del Interior, César Astudillo, quienes tienen menos de 30 días en sus respectivos cargos.
Al respecto, Ibarra afirmó que los diputados que han ingresado al Parlamento, por vez primera, no entienden que durante el primer periodo de un gobierno es necesario que el Parlamento le dé un respiro al Ejecutivo para que pueda ordenar y planificar la política pública en los próximos meses.
La confrontación genera daños
“Les diría que piensen en el Perú. Han sido elegidos para ver por el futuro este país en materia de economía, salud, educación, transporte, energías. Más allá de la confrontación de me opongo porque perdí la campaña electoral, parece que (JPP) aún no se resignan a la pérdida. Eso genera un daño irreparable al país, porque promueve movimientos como marchas, protestas, que generan inestabilidad a la democracia”, aseveró.
Ibarra consideró que JPP y las bancadas opositoras sí puede ejercer la fiscalización parlamentaria, pero cuestionó que esta se active tan pronto, debido a que el Ejecutivo todavía se encuentra conformando equipos y reorganizando la administración pública.
El analista sostuvo que el escenario político exige que las bancadas de oposición evalúen el impacto de sus decisiones sobre la economía y la seguridad. En ese sentido, planteó que la actuación parlamentaria debe evitar medidas que puedan afectar la estabilidad jurídica y el crecimiento del país.
“Los partidos políticos de oposición no pueden ir en contra del crecimiento económico ni de la seguridad, ni estabilidad jurídica”, señaló Ibarra, al referirse al papel que deberán cumplir las fuerzas opositoras en la Cámara de Diputados y en el Senado.
Ibarra añadió que la correlación de fuerzas será distinta entre ambas cámaras y que una decisión adoptada en Diputados no necesariamente tendrá el mismo resultado en el Senado. Por ello, consideró que los parlamentarios deben priorizar acuerdos que permitan atender los principales problemas nacionales antes que profundizar la confrontación política.
Facultades extraordinarias
Sobre la solicitud de facultades extraordinarias que prepara la presidenta Keiko Fujimori, Ibarra explicó que la iniciativa deberá iniciar su trámite en la Cámara de Diputados y posteriormente pasar al Senado. La Junta de Portavoces podría acelerar el procedimiento si decide exonerarla del debate en comisión.
Advirtió que una falta de consenso podría prolongar el proceso y recién en diciembre la presidenta Fujimori tendría aprobada la delegación de facultades, mientras que un acuerdo político permitiría reducir los plazos. Señaló que el Ejecutivo necesita capacidad de respuesta frente al Niño Costero 2026, además de medidas para la seguridad ciudadana, el sistema penitenciario y la Policía.
“Se debe dar facilidades al gobierno para que cumpla su rol”, enfatizó Ibarra, al sostener que el Congreso debe evaluar la solicitud de facultades desde la perspectiva de las necesidades del país y no únicamente desde las diferencias entre las bancadas.
Consideró que la oposición tendrá cinco años para ejercer una fiscalización permanente sobre el Ejecutivo. En ese marco, planteó que Renovación, Fuerza Popular y las demás fuerzas políticas deben evaluar sus decisiones parlamentarias en función de las prioridades nacionales y no de la disputa política. “No se puede ser tan duros al inicio del gobierno”, concluyó Ibarra.
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