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IPE: JPP NO HA MODERADO SU POSICIÓN SOBRE LA INVERSIÓN PRIVADA

Fuente: IPE

  • Revisión del régimen económico de la Constitución, renegociación de contratos y cambios en el sistema de concesiones persisten en nuevo plan presentado por Juntos por el Perú (JPP).
  • Sánchez insiste en la creación de un “gran banco minero” para la compra estatal de oro.

Lima, 03 de junio de 2026.- El Instituto Peruano de Economía (IPE) llevó a cabo el seminario virtual “Antes de votar: propuestas, riesgos y prioridades”, que contó con la participación de Carlos Gallardo, gerente general del IPE; Roxana Barrantes, directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP; y, Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto y exministro de Economía y Finanzas. El evento analizó las principales propuestas planteadas por los candidatos presidenciales y sus implicancias para el crecimiento económico, el empleo, la inversión privada y el fortalecimiento institucional del país.

Los especialistas coincidieron en que el próximo gobierno enfrentará desafíos complejos. Además de la necesidad de acelerar el crecimiento económico y reducir la pobreza, deberá lidiar con un contexto marcado por el deterioro institucional, el avance de las economías ilegales, la inseguridad ciudadana y limitaciones fiscales que restringen el margen para expandir el gasto público.

Posturas opuestas sobre la inversión privada

Durante su presentación, Carlos Gallardo señaló que la principal diferencia entre las propuestas de Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JPP) radica en su postura frente a la inversión privada. Por un lado, FP la reconoce como un pilar clave para el desarrollo, el empleo y la reducción de la pobreza.

En contraste, incluso en su nuevo plan de gobierno, JPP plantea una mayor intervención estatal en la economía y medidas que afectan la seguridad jurídica. Para Gallardo, si bien algunas propuestas de JPP han sido modificadas o retiradas en este nuevo plan, persisten planteamientos vinculados a la revisión del régimen económico de la Constitución, la renegociación de contratos y cambios en el sistema de concesiones. «No hay una moderación en cuanto a inversión privada», indicó.

Además, señaló que el nuevo plan de JPP omite propuestas previas que, de manera similar al Bolivia, planteaban la participación estatal en la comercialización de oro y la promoción de cooperativas y parques mineras. Sin embargo, recordó que el candidato Sánchez reiteró en declaraciones inmediatamente posteriores al debate, por ejemplo, la creación de un “gran banco minero” para la compra estatal de oro. Con esta medida, alertó Gallardo, “el Estado va a terminar comprando oro ilegal”.

También advirtió que las propuestas laborales y sociales deben evaluarse cuidadosamente por sus posibles impactos económicos y fiscales. Por ejemplo, el incremento del salario mínimo a S/1,500 propuesto por JPP beneficiaría a una proporción reducida de trabajadores formales, mientras que genera efectos adversos sobre la formalización laboral.

Institucionalidad y uso de recursos públicos

Por su parte, Barrantes destacó la importancia de la institucionalidad como elemento clave para promover la inversión. Así, señaló que una mayor inversión privada que generar crecimiento económico necesita operar en un entorno caracterizado por el respeto al Estado de derecho, la independencia de poderes y la seguridad jurídica.

Luego, advirtió acerca de la poca claridad en el uso de los recursos públicos que pudiera afectar la institucionalidad fiscal. Por ello, llamó la atención sobre la falta de claridad respecto al financiamiento de promesas: “ninguno deja claro cómo va a financiar esa mayor presencia del Estado”, señaló. En este contexto, Castilla indicó que existe una necesidad de expandir la recaudación. Ante ello, será clave impulsar el crecimiento con señales que mejoren las expectativas y el clima de negocios dentro del país. En ese sentido, intentos por generar mayores ingresos con política tributaria “confiscatoria” como los que propone JPP se encuentran en la dirección contraria.

Los desafíos inmediatos del próximo gobierno

Para Castilla, el debate electoral no debe centrarse únicamente en las propuestas contenidas en los planes de gobierno, sino también en la capacidad efectiva del próximo Ejecutivo para enfrentar los problemas más urgentes del país. Al respecto, señaló que “FP tiene posibilidad de reclutar mejores cuadros”. En este sentido, agregó que la próxima administración recibirá un escenario complejo, caracterizado por el deterioro institucional acumulado durante los últimos años, el avance las economías ilegales, el incremento de la inseguridad ciudadana y un entorno económico que exige recuperar la confianza para impulsar la inversión privada.

También expresó preocupación por los planteamientos orientados a modificar el régimen económico y ampliar significativamente la participación empresarial del Estado. En particular, señaló que propuestas vinculadas a la revisión de contratos, concesiones y reglas económicas afectarán la confianza de los inversionistas y dificultar la recuperación de la inversión privada. “Cualquier posibilidad de crecer al 6% pasa por fortalecer la seguridad jurídica”, afirmó.

Castilla también sostuvo que ambos planes de gobierno incorporan numerosos compromisos de gasto sin una explicación clara sobre las fuentes de financiamiento. “Uno de los grandes dilemas que enfrentan ambas propuestas es cómo financiar el rosario de promesas que han hecho”, advirtió. Por ello, consideró indispensable evaluar no solo los objetivos planteados, sino también la viabilidad fiscal y la capacidad del Estado para ejecutarlos de manera efectiva.

Los panelistas hicieron un llamado a que los ciudadanos evalúen las propuestas electorales considerando no solo sus objetivos, sino también su viabilidad económica, institucional y fiscal, así como la capacidad real del próximo gobierno para implementarlas. Advirtieron que los desafíos que enfrentará el próximo gobierno exigirán responsabilidad fiscal, fortalecimiento institucional y medidas que permitan recuperar la confianza necesaria para impulsar la inversión privada y el crecimiento económico.