• Extracción ilegal de oro se concentra en La Libertad, Puno, Arequipa y en Ica hay aumento de plantas procesadoras, señala el Instituto Peruano de Economía.

RCR, 18 de septiembre 2026.- La exportación de oro ilegal sigue expandiéndose en Perú. En el primer semestre de 2026, el 54% del volumen de oro exportado en nuestro país fue de origen ilícito, superando por primera vez al oro legal, revela un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE).

“En el primer semestre del 2026 estimamos que el 54% del volumen del oro exportado por el Perú fue de origen ilegal. Es decir, por primera vez estamos exportando más oro de origen ilegal que de origen legal. Las exportaciones de oro ilegal han crecido 19% en el primer semestre, mientras que las exportaciones de oro legal han caído alrededor de 6%. Entonces ya hay una diferencia de casi 9 toneladas a favor del oro ilegal, en nuestras exportaciones”, afirmó María Alejandra Ormeño, gerenta de Políticas Públicas del IPE, en la secuencia Radar Económico de Red de Comunicación Regional (RCR).

El precio internacional del oro es uno de los factores de la rentabilidad de la extracción ilegal. Sin embargo, Ormeño advierte que este factor por sí solo no explica la expansión de la minería ilegal de oro en los últimos años.

“El precio del oro es un enorme incentivo. En lo que va del año ha promediado alrededor de US$ 4.500 la onza. Esto es 44% más que en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, no solamente están aumentando los precios, está aumentando también el volumen de oro ilegal que sale del país”, explicó.

Incapacidad del Estado

En ese escenario, otro factor es la incapacidad del Estado para controlar la cadena productiva del oro ilegal. El problema central se extiende a la trazabilidad, debido a que el mineral debe pasar por procesos de comercialización, documentación y transporte antes de llegar al mercado internacional. Por ello, controlar únicamente la extracción no permite determinar el origen del oro que finalmente se exporta.

“No hay una capacidad para poder fiscalizar toda la cadena de suministro y ver en qué momento, en qué parte de la cadena de suministro es donde se está dando este blanqueamiento del oro ilegal, porque finalmente el oro sale y los datos que tenemos de exportación son datos que se pueden verificar, no salen como oro ilegal, sino salen como oro únicamente”, afirmó.

US$18 mil millones en oro ilegal

El IPE proyecta que el volumen de oro ilegal exportado continuará aumentando si no se interviene sobre esa cadena.  “Nuestra estimación es que las exportaciones de oro ilegal alcanzarían, al menos, 110 toneladas y hasta podrían superar las 120 toneladas en exportaciones de oro ilegal. Esto es entre 52% y 55% de todo el oro exportado en el Perú”, indicó.

El valor económico de esta actividad también alcanzaría una magnitud preocupante. El IPE calcula un piso de US$16.000 millones para 2026 y plantea un escenario en el que las exportaciones de oro ilegal podrían superar los US$18.000 millones.

Según la estimación del IPE, la minería ilegal de oro es la actividad ilícita que más dinero genera en el país, casi duplica el tamaño del resto de las otras economías ilícitas como el narcotráfico y la tala ilegal.

La Libertad, Puno y Arequipa son las regiones donde se concentra la minería ilegal, mientras que Ica registra un crecimiento de plantas procesadoras de oro.

“Lamentablemente ya no es una única región, no es un punto focalizado que podamos decir aquí está únicamente la minería ilegal, sino que ya es una problemática dispersa en distintas regiones”, sostuvo Ormeño. Añadió que la extracción puede darse en zonas como Pataz y Ananea, mientras que el procesamiento y la comercialización pueden desarrollarse en otros lugares.

Crimen e impacto económico

La expansión de la minería ilegal también está estrechamente vinculada a las organizaciones criminales. Ormeño señala que en regiones con indicadores de minería ilegal se observan altos niveles de homicidios y extorsiones.

El impacto de la extracción ilegal de oro afectaría además a la minería formal ya que ocupa territorios que iban a estar vinculados a proyectos como Poderosa, Las Bambas, Conga, Michiquillay, Las Chancas y Haquira, que representan inversiones de más de US$12.000 millones que aún no se han concretado.

“La minería ilegal implica menos inversión, menos empleo formal, menos impuestos, menos canon, y solucionar esto sería una política de crecimiento económico muy importante para el país”, aseveró Ormeño.

Señaló que la eficacia del REINFO hay sido muy baja, ya que fue creado como un mecanismo para otorgar plazos a los mineros que buscaban formalizarse, pero perdió consistencia debido a sus sucesivas ampliaciones. Indicó que, de los más de 84.000 inscritos en el registro, solo alrededor del 2% logró formalizarse, lo que evidencia la baja eficacia del mecanismo para cumplir con su objetivo de incorporar a los mineros a la actividad formal.

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