Fuente : Ministerio de Justicia
El ministro de Salud, Hernando Cevallos Flores y la presidenta del Consejo Nacional Penitenciario (CNP) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Susana Silva Hasembank supervisaron la vacunación de los internos e internas de los penales de Lurigancho, Miguel Castro Castro, Anexo Mujeres Chorrillos y Mujeres Chorrillos, como medida preventiva contra la COVID 19.
La jornada de vacunación se realizó en simultáneo en los 4 centros penitenciarios, y comprendió la atención a internos de 38 a 70 años, en vacunatorios al aire libre y seguros, para que el proceso se desarrolle de manera fluida y sin exponer al personal.
En el penal de Lurigancho se han vacunado a 2824 y en Miguel Castro Castro a 2725 internos de 38 a 70 años, en Anexo Mujeres Chorrillos a 89 internos de 38 a 44 años y en Chorrillos Comunes a 162 de 38 a 48 años, quienes fueron atendidos por personal del Ministerio de Salud y para una mayor atención y orden se dividieron en brigadas.
Cevallos Flores, señaló que por estar al frente de la cartera de salud es su responsabilidad la defensa de la salud de todos los peruanos. Asimismo, resaltó que lo ideal sería que en un periodo no muy largo, vacunar a la población penal menor de 38 años, debido a que el riesgo es muchísimo más alto, al no haber distanciamiento social y por las características del lugar donde se encuentran.
“Agradecemos el esfuerzo de la presidente del INPE y de los internos por querer estar protegidos, pero debemos seguir cuidándonos, porque las variantes son más nocivas y se propagan más rápido”, agregó.
A su turno, la presidenta del INPE informó, que en esta jornada se vacunará al segundo grupo etario de 38 a 70 años e invocó a los internos a continuar con las medidas preventivas para evitar posibles contagios.
En esta jornada se aplicó la primera dosis de la vacuna Sinopharm y la segunda está planificada para el 12 de setiembre.
Esta acción sanitaria refuerza y complementa las medidas que el INPE viene desarrollando al interior de los centros penitenciarios para la protección de los privados de libertad y trabajadores en los penales a escala nacional.
