RCR, 14 de Julio 2025.- La presidenta ejecutiva del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), doctora Carmen Rosa García Dávila, advirtió en la alarmante expansión de la minería ilegal en la selva peruana, señalando que ya no solo se concentra en Madre de Dios, sino que se ha extendido a regiones como Loreto, Huánuco, Ucayali y Amazonas. Esta actividad no solo destruye bosques y ríos, sino que introduce mercurio en la cadena alimenticia, afectando gravemente la salud humana y la biodiversidad.
“Estamos hablando de un impacto severo: el mercurio usado en la minería se transforma en metilmercurio, se acumula en los peces y llega al ser humano. Además, la remoción del lecho de los ríos libera compuestos tóxicos que reducen el oxígeno del agua, alteran los hábitats de reproducción y disminuyen la productividad de peces. Ya no hay bosques donde se extrae oro, solo quedan pozas contaminadas que siguen liberando mercurio en épocas de crecida”, dijo en La Semana por RCR.
Denunció que la minería ilegal ha comenzado a invadir áreas naturales protegidas, como la Reserva Nacional Tambopata, el Parque Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri, entre otras. Incluso en Loreto, la Reserva Allpahuayo Mishana y el Parque Nacional Sierra del Divisor ya registran presencia de dragas ilegales. Estas prácticas no respetan los límites legales ni la fragilidad de los ecosistemas, lo que pone en riesgo la seguridad ambiental del país.
“Es como un cáncer que se expande. En Madre de Dios hemos perdido 120 mil hectáreas de bosque desde los años 80, y ahora la amenaza está en todo el país. Por eso, desde el IIAP no solo monitoreamos el mercurio, sino que desarrollamos tecnologías para curar el suelo contaminado y rehabilitar esas áreas con cultivos experimentales de peces. Nuestro trabajo busca restaurar los ecosistemas, devolverles vida y productividad”, indicó.
Finalmente, detalló que el IIAP realiza un monitoreo permanente en ríos claves como el Nanay y el Itaya, en Loreto, evaluando niveles de mercurio, plomo, cadmio, cobre y microplásticos. Esta información permitirá conocer el impacto de la minería ilegal sobre la biodiversidad y, especialmente, sobre la calidad del agua potable de Iquitos. “No estamos pasivos. Nuestra responsabilidad como institución del Estado es también encontrar respuestas ante la degradación ambiental, porque de estos ecosistemas depende la vida humana”, concluyó.
