ÍNFIMA SANCIÓN JUDICIAL A LA TRATA ILEGAL DE PERSONAS EN PUNO ES ESCANDALOSA

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Secretario técnico del Comité de Trata de Personas de la región Puno, Juan José Aldazábal, consideró que este déficit en el castigo de este delito está en el ámbito operativo, al tiempo de indicar que existen muchos problemas sobre sus características y tipificación, establecidos en el Código Penal.

RCR, 28 de noviembre 2018.- La sanción al tráfico ilegal de personas en la región Puno registra niveles escandalosos de desidia e impunidad, con tan solo cuatro casos sentenciados por el Poder Judicial, de 136 denunciados, denunció el secretario técnico del Comité de Trata de Personas de dicha circunscripción, Juan José Aldazábal.

“Únicamente tenemos, a la fecha, cuatro casos que han sido sentenciados por trata de personas. De 136 casos que se han denunciado, solamente cuatro personas han sido debidamente sancionadas por el Poder Judicial”, subrayó.

En diálogo con Red de Comunicación Regional (RCR), Aldazábal consideró que este déficit en el castigo de este delito está en el ámbito operativo, al tiempo de indicar que existen muchos problemas sobre sus características y tipificación, establecidos en el Código Penal.

“Muchas veces se confunde la trata de personas con la prostitución ilegal. Y eso no es. La trata de personas es que a la gente se le engaña para sacar ventaja de su vulnerabilidad uy se le explota, ya sea laboral o sexualmente. Necesitamos operadores. En otras palabras, necesitamos fiscales competentes para que hagan una buena carpeta fiscal, de tal manera que el juez tenga que dar la sentencia correspondiente. Situación que a la fecha no tenemos”, enfatizó.

En ese contexto, el secretario técnico Aldazábal resaltó la importancia del taller sobre el tratamiento de las poblaciones vulnerables contra la trata de personas que su región realiza conjuntamente con la delegación boliviana, los días 28 y 29 de noviembre, en la ciudad de Puno.  

Detalló que en dicho evento participa también la comisión multisectorial de la mesa permanente contra la trata de personas, presidido por el Ministerio de Interior.

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