RCR, 14 de Enero 2022 .- Isaac Martínez, exgerente de la Autodema, señaló que el Gobierno Regional de Arequipa debe firmar la adenda 13 para evitar la caducidad del contrato para la ejecución del proyecto Majes Siguas II. Indicó que el Gobierno Regional de Arequipa es el responsable del incumplimiento del contrato al no firmar la adenda 13 y entregar los terrenos para la obra.
“Hay que tener en cuenta que, en esta clase de contratos, aquí no hay empate, acá ganan o pierden, acá no hay mutuo acuerdo. Lo que sí se puede hacer es llegar a un acuerdo para que no proceda la caducidad de la concesión o la resolución del contrato de concesión, pero primero tendría que firmarse la adenda 13”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Advirtió que si no se firma la adenda 13 no hay ningún arreglo porque en la adenda 13 se ha señalado nuevos plazos para diferentes actividades que ya están fuera de plazo. “Por ejemplo, el cierre financiero, hay un nuevo plazo, la entrega del terreno que falta todavía de las dos comunidades, hay un nuevo plazo”, indicó.
“No tendrían por qué analizar nada los consejeros, porque esta adenda está revisada y recontra revisada. en este proceso de controversia todavía tiene un espacio para conversar, pero tiene que haber una predisposición de los consejeros para que acepten este acuerdo para que lo acepten y firmen la adenda 13”, apuntó.
Remarcó que no habría ninguna conversación si es que no firman la adenda 13. “Ya han transcurrido cuatro años y todavía no se han interesado en conocer en qué consiste la adenda 13. Es cierto que ha habido últimamente modificaciones, pero en esencia es lo mismo, pero en este momento ya no cabe ninguna duda”, expresó.
Señaló que en todo contrato siempre hay causales de resolución. “En todo contrato está estipulado que se puede resolver el contrato, pero por causales, no porque alguien se le ocurre o porque alguien se descuida o elude su responsabilidad como el caso de los consejeros y transcurre el tiempo y precisamente ocasiona que haya estas causales de resolución, que son imputables a la entidad concedente en este caso al gobierno regional”, precisó.
Enfatizó que el gobierno central no tiene nada que ver con el contrato, porque es un proyecto de la región Arequipa. “En un momento el ministro anterior José Montenegro intentó ayudarlos para que se haga un convenio y que pase al ministerio agricultura, se ejecutaba la obra y después se le volvía poner bajo la responsabilidad del gobierno regional”, afirmó.
“Los consejeros se opusieron tenazmente indicando que no quería que el proyecto se lo lleven a Lima y una serie de cosas, que el proyecto era de los arequipeños, pero al final los arequipeños no han dejado que ni los arequipeños no han podido ni que lo haga el gobierno central”, agregó.
Enfatizó que es un problema del gobierno regional. “Ahora si tiene alguna responsabilidad o alguna culpabilidad el concesionario es muy discutible. En este tipo de contratos solamente con una causal el concesionario nos gana. ¿Cuál es esa causal? No hubo libre disponibilidad del terreno, no se le ha hecho entrega de los terrenos para que hagan el trabajo respectivo y las obras, estamos hablando de las comunidades Tarucamarca y Pusa Pusa”, aseguró.
Declaró que el gobierno nacional es quién ha autorizado a la gobernadora en ese entonces la firma de este contrato en el 2015. “Hay una seriedad, de por medio, del país y del gobierno y ya no cabía pues ninguna modificación, porque las consecuencias son las que estamos viendo, que ha transcurrido tanto el tiempo, que el concesionario ha dicho bueno esos me están paseando cuatro años y no tienen cuando decidir mejor resolvemos el contrato”, observó.
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