Ex representante de la Defensoría del Pueblo en Huánuco, Pierre Marzo, propuso también que el consorcio chino Three Gorges (Tres Gargantas), que adquirió la hidroeléctrica de Chaglla, de Odebrecht, llegue a un acuerdo con el distrito de San Pedro de Pillao y las provincias de Huánuco y Leoncio Prado, para el desarrollo integral de dichas circunscripciones, que están dentro de su área de influencia.
RCR, 6 de agosto. El gobernador regional de Huánuco, Juan Alvarado, debe trabajar porque la comunidad campesina de San Pablo de Pillao y la compañía brasileña Odebrecht, lleguen a un acuerdo reparatorio, a favor de la primera, e incorpore al pueblo de Huánuco como sujeto a ser indemnizado por los actos de corrupción perpetrados en la construcción de la hidroeléctrica de Chaglla, demandó el exrepresentante de la Defensoría del Pueblo en Huánuco, Pierre Marzo.
“¿Qué es lo que yo planteo? Que el gobernador de Huánuco ponga su maquinaria legal al servicio de la comunidad de San Pedro de Pillao para que apure, insista, presione para que este proceso, que es lento y largo, pueda ser acelerado… Y que parte de esa indemnización salga de esos S/ 524 000 000 (quinientos veinticuatro millones de soles) que ha quedado como saldo”, subrayó.
Recordó que en el caso de la hidroeléctrica de Chaglla, la compañía Odebrecht mantiene una deuda impaga con la comunidad campesina de San Pedro de Pillao por la compraventa fraudulenta de la empresa brasileña, en el 2012, y por la que la citada comunidad ha solicitado la nulidad de esta operación legal al Poder Judicial.
“Hubo actos de corrupción en esa compraventa. Odebrecht sobornó a la comunidad campesina de esa época para concertarla. Hay un proceso penal entre la Tercera Fiscalía Penal Anticorrupción de Huánuco que no ha sido considerado en esta propuesta de acuerdo entre la Fiscalía y Odebrecht. Y hay un proceso civil de nulidad de acto jurídico de la compraventa”, remarcó.
El analista político agregó, además, que en el referido proceso civil se demuestra que hubo fraude en el acta de la Asamblea General, que aprobó la compraventa.
“Una comunidad campesina requiere de dos tercios de los comuneros calificados para vender su tierra. Aquí no se habría llegado a los dos tercios, porque incluso se habría inflado el número de asistentes a la Asamblea, y de los votantes a favor del acuerdo, incluyendo hasta personas fallecidas”, detalló.
En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Marzo propuso también que el consorcio chino Three Gorges (Tres Gargantas), que adquirió la hidroeléctrica de Chaglla, de Odebrecht, llegue a un acuerdo con el distrito de San Pedro de Pillao y las provincias de Huánuco y Leoncio Prado, para el desarrollo integral de dichas circunscripciones, que están dentro de su área de influencia.
“Que es la segunda hidroeléctrica más grande del Perú. Son 460 megavatios que se incorpora al sistema eléctrico nacional. Es una empresa muy grande que tendría una responsabilidad social con el desarrollo de las comunidades que están a su alrededor, tanto de Huánuco, como de Leoncio Prado y de Pachitea, con sus colindantes. Que aproveche el gobernador de Huánuco las circunstancias para el desarrollo de Huánuco”, puntualizó.
En abril de 2019, la constructora brasileña Odebrecht vendió la central hidroeléctrica Chaglla al consorcio China Three Gorges, y el Estado le retuvo, en el Banco de la Nación, US$ 319 millones, equivalentes a S/ 1 050 000 (mil cincuenta millones de soles), para asegurar el pago de la reparación civil.
La cuenta es custodiada por el ministerio de Justicia. De la suma retenida, se descontaron S/ 435 000 000 (cuatrocientos millones de soles) para pagar una deuda a la SUNAT: S/ 12 500 000 (doce millones quinientos mil soles) para saldar la reparación civil por la carretera Chacas.
Y están por cobrarse otros S/ 80 000 000 (ochenta millones de soles), como pago de la primera cuota de la reparación pactada en S/ 610 000 000 (seiscientos diez millones de soles). El saldo de S/ 524 000 000 (quinientos veinticuatro millones de soles), según el acuerdo firmado por la Fiscalía y la Procuraduría Ad Hoc, debe retornar a las cuentas de Odebrecht.
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