RCR, 12 de marzo de 2020.- Las investigaciones de casos de corrupción en la entrega de bonos de 380 soles y canastas de víveres para la población necesitada, así como en la compra de equipos de bioseguridad y alimentos para policías y médicos, ascienden a 90 en todo el país, informó Omar Tello, fiscal superior coordinador nacional de las fiscalías anticorrupción del Ministerio Público.
“Hasta el día de ayer (viernes 10) las investigaciones han subido a 90. Nosotros trabajamos diariamente recibiendo las denuncias y actuando de manera inmediata. A nivel nacional hay 42 sedes fiscales que realizan esta labor de manera permanente y se ha podido detectar muchos hechos delictivos tanto en los bonos de 380 soles como en la entrega de canastas solidarias, y otros delitos de peculado y cohecho”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Mencionó que “en la entrega de bonos se ha podido establecer que muchos de los beneficiarios son funcionarios que tienen un sueldo y tienen una relación directa con la institución que hace la repartición y no tienen necesidad económica”. “Asimismo, hay familiares de los mismos funcionarios, hay amigos y partidarios, hay hijos e hijas y esposas de los funcionarios que están bajo investigación”, precisó.
“Por el lado de las canastas, hemos establecido muchas de ellas no cumplían con la cantidad que se señalaba en el acta de recepción, cuando la persona recibía los bienes se le decía que hay una cantidad de productos cuando había menos. Por otro lado, está la sobrevaloración de estos víveres, el costo de la canasta de 80 soles no tenía en el mercado ese valor sino 40 soles. Esa ganancia repudiable está siendo investigada”, dijo.
Señaló que los casos de corrupción en la entrega bonos se perpetraron en municipalidades de Apurímac, Moquegua, Áncash, Huancavelica, Cajamarca. “En cuanto a víveres hay una cantidad considerable de municipalidades en Huancavelica, Ayacucho. En Loreto, por ejemplo, están las municipalidades de Nauta y Maynas. También hay municipalidades en Piura, Bagua, Amazonas y Madre de Dios”, indicó.
“La corrupción en la entrega de bonos se podría tratar del delito de peculado que se da cuando el beneficiario es el funcionario que realiza determinadas actividades al interior de una institución para beneficiarse para sí o para sus familiares o amigos o partidarios. La pena en esta situación va de 8 a 12 años. El delito de peculado está agravado porque la entrega de bonos y víveres tiene fines asistenciales y la pena se ha elevado hasta los 12 años”, explicó.
Corrupción en compra de mascarillas y alimentos
Tello subrayó también que las fiscalías han recibido denuncias vinculadas al abastecimiento de materiales de bioseguridad para policías y médicos. “La gente que sale a las calles para enfrentar de manera directa a la pandemia como son los policías y médicos deben tener bioseguridad, sin embargo en los procesos de entrega de estos materiales hay sobrevaloraciones en la compra de mascarillas, de gel, del alcohol, de los ranchos y provisiones alimenticias”, dijo.
“Los malos funcionarios no reparan en esta lucha contra la pandemia y tratan de obtener ganancias poniendo en peligro la vida de los policías y médicos, y esto es un acto lesivo a los intereses de cada una de estas personas que salen a las calles a cumplir su trabajo. En otros países estas amenazas han sido catalogadas como terrorismo”, manifestó.
Informó también que el Ministerio Público considera que la reciente denuncia de una compra irregular de mascarillas y alimentos para la Policía Nacional es competencia del fuero común y no del fuero militar policial. “La norma común que es el Código Penal establece que esto es un delito de colusión y por tanto nos corresponde investigarlo y juzgarlo”, anotó.
“Estamos convencidos de acuerdo a la normatividad vigente que el fuero común es competente para conocer los delitos vinculados a este hecho que sería calificado como delito de colusión que es el acuerdo entre el proveedor y las autoridades encargadas de la venta”, aseveró.
En ese sentido, explicó que el delito de colusión, que es un perjuicio patrimonial al Estado, tiene una pena que va de 8 a 15 años. “El delito de negociación incompatible, que es el delito donde se aprecia un interés del funcionario en la compra, la pena va de 4 a 6 años. Si alguien recibe una coima es el delito de cohecho cuya pena va de 5 a 8 años”, precisó.
