RCR, 15 de marzo de 2024.- El especialista en gestión social y políticas de gestión pública, Fernando Castillo Torres, calificó de crimen la decisión del Congreso de derogar el decreto legislativo 1607 que, entre otros puntos, establecía una fecha límite para la formalización de los mineros hasta el 20 de marzo y facultaba a la Policía actuar frente a la tenencia ilegal de explosivos. Enfatizó que el Gobierno debe observar el proyecto aprobado en el pleno del Parlamento.
“Lo que ha hecho el Congreso es un crimen que el Ejecutivo no debe promulgar. El Ejecutivo tiene capacidad de veto. Si bien es cierto esto tiene una mayoría en el Congreso, propiciada por congresistas que están vinculados a esta minería. Es conocida la representación que tienen los congresistas de Madre de Dios”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Señaló que hay muchos congresistas que han respondido al origen del financiamiento de sus campañas electorales. “Este es el resultado de muchas autoridades políticas regionales que responden al manejo de una caja chica del Proceso de Formalización de los Mineros Artesanales, hoy prácticamente ilegales”, indicó.
Aseveró que el proceso de formalización ha fracasado. “Tiene 12 a 13 años y 87000 inscritos, según el REINFO, que a todas luces muestra sus resultados como un fracaso absoluto. Más de 70000 de estos inscritos no cumplen con requisitos básico, como tener un Registro Único de Contribuyente, no cumplen con declarar que tipo de mineral está extrayendo y cuál es la ruta está siguiendo”, precisó.
Mencionó que autoridades regionales de Ica, La Libertad, Arequipa, Piura, Puno, Madre de Dios y Apurímac apoyan a estas organizaciones criminales. “Siguen autorizando más plantas de procesamiento para este mineral sucio. Siguen convalidando con sus fiscalizaciones hechas a la medida para estas organizaciones, permitiendo que continúen operando las plantas que es el lugar donde se procesa, permitiendo que se siga actuando de esa forma”, apuntó.
Puntualizó que una medida inmediata debería ser volver a centralizar el proceso de fiscalización, autorización y formalización directamente en el Ministerio de Energía y Minas, que está financiando este proceso. “Energía y Minas traslada entre dos a tres millones de soles al año a cada una de las regiones. Si uno hace una revisión de eso estamos bordeando los 90 millones de soles que se está destinando para este proceso que está resultando ser un fracaso”, aseveró.
Mencionó que, según el Instituto Peruano de Economía, las pérdidas que genera la minería ilegal bordean los 23,000 millones de soles. “Eso es un aproximado de 6000 millones de dólares y visto en perspectiva representa casi el 2.5% del Producto Bruto Interno de nuestro país”, expresó.
Sostuvo que una de las pocas medidas acertadas del Gobierno ha sido promulgar el decreto 1607, que permitía que la Policía Nacional del Perú tomara acciones contra la tenencia ilegal de explosivos por parte de un minero que tenían suspendido su inscripción en el REINFO.
Advirtió que las organizaciones vinculadas al crimen organizado internacional están haciendo que nuestro país pierda competitividad y deje de ser atractivo de inversiones. “No solamente se ha detenido esto, sino que se ha validado estas estructuras de crimen organizado que se vienen desarrollando en todo el país. La Policía Nacional ha encontrado que, muchos de los explosivos que han estado direccionados a zonas con minería ilegal, han terminado en bandas de extorsión”, subrayó.
