RCR, 16 de octubre de 2026.- Ana Lucía del Río, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), informó que el Índice de Riesgos de Integridad Subnacional-IRIS 2026 evidencia que en 22 de las 25 regiones del país existen riesgos de actos de corrupción y mal uso de los recursos públicos. Precisó que en 24 de las 25 regiones las denuncias por corrupción han aumentado desde el 2019 y en 22 regiones las sentencias condenatorias por delitos de corrupción también son mayores.

“En 22 de las 25 regiones analizadas, el puntaje que nos da este índice, que es un puntaje de 0 a 10, cuando 10 sería lo ideal, más integridad, y 0 sería menor integridad, se ha deteriorado respecto al 2019. En 22 de las 25 regiones el puntaje ha bajado”, dijo en la secuencia “Radar económico de Red de Comunicación Regional (RCR).

Informó que el 14 de septiembre el IPE lanzó la primera edición del Índice de Riesgos de Integridad en los gobiernos regionales y locales. “Este índice se compone de 14 indicadores que se dividen en dos pilares. El primero, gestión pública y eficiencia administrativa, que evalúa los riesgos del mal uso del dinero público. Y el segundo, desempeño institucional y control de la corrupción, que son los riesgos que podrían facilitar actos de corrupción”, indicó.

Precisó que el índice no determina que una región es corrupta, sino los riesgos que existen en dicha región de actos de corrupción o malversación y mal uso de dinero público. “Para ello, hemos clasificado a las regiones, a partir de estos 14 indicadores, en cinco niveles de riesgo: Bajo, medio-bajo, medio, medio-alto y alto”, afirmó.

“Y a partir de ello, determinamos, por ejemplo, que en el tiempo en el que hemos analizado, porque hemos analizado para un periodo de ocho años estos indicadores, los riesgos de integridad se han agravado hacia el 2026, respecto a lo que teníamos en 2019”, apuntó.

Señaló que, si se analiza a las regiones en términos de niveles de riesgo, las que están en nivel de riesgo alto o muy alto han pasado de 3 a 10 entre 2019 y 2026. “Y, por el contrario, las que están en niveles de riesgo bajo o medio bajo han pasado de 15 en 2019 a solo 6 en 2026”, expresó.

Recalcó que en 24 de las 25 regiones las denuncias por corrupción han aumentado desde el 2019 y en 22 regiones las sentencias condenatorias por delitos de corrupción también son mayores. “Es un reflejo bastante más claro del hecho de que está aumentando la corrupción a nivel de nuestros gobiernos subnacionales”, aseveró.

“Por ejemplo, la región Ucayali registra 21.5 denuncias de corrupción por cada mil trabajadores públicos. Le siguen Ancash con 19.2 denuncias. Y en el caso de las sentencias condenatorias, que ya es prácticamente un caso que está catalogado como corrupción, ya existe la sentencia, Ayacucho registra 12.6 sentencias por cada mil trabajadores públicos y Madre de Dios, 12.4 sentencias por cada mil trabajadores públicos”, puntualizó.

Informó que en 12 regiones más del 40% de las contrataciones públicas se adjudican con un solo postor.  “Sí, eso también consideramos que es un riesgo de integridad, porque si hay un porcentaje tan alto de contrataciones que han tenido sólo un postor, es un indicio de que podrían estar orientadas este tipo de contrataciones, sugerir la existencia de requisitos hechos a la medida de un solo postor, y ahí existe también un riesgo de integridad”, dijo.

Tumbes tiene riesgo muy alto de actos de corrupción y mal uso del dinero público

Del Río dijo, por ejemplo, que Tumbes tiene un nivel de riesgo muy alto de actos de corrupción y mal uso del dinero público. “Tumbes registra el porcentaje más alto de obras paralizadas en el país, 72% de sus proyectos de inversión en los gobiernos regionales y locales se encuentran paralizados. Esa es una de las causas, por la cual consideramos que en Tumbes existen riesgos a la integridad y de mal uso del dinero público”, indicó.

Agregó que Tumbes es la región que presenta el mayor porcentaje de contrataciones directas. “¿Y por qué esto representa un riesgo? Porque una contratación que se da por una modalidad directa no tiene todos los requisitos que tendría una contratación de mayor valor. Poca transparencia”, afirmó.

“Ahí hay la posibilidad de que este tipo de contrataciones tengan riesgos a la integridad. Cuando existe una alta proporción de contrataciones por este tipo de modalidad directa, también identificamos que puede ser un riesgo. No necesariamente implica corrupción directamente. Y en Tumbes, 43.6% de las contrataciones se dan por esta modalidad”, precisó.

Informó asimismo que 10 de las 25 regiones no llegan al 15% de aprobación ciudadana de la gestión de su gobierno regional. “Eso es justamente un reflejo de la baja confianza y de una percepción que existe negativamente generalizada en todo el país. Eso también es un reflejo de la mala gestión de nuestras autoridades”, apuntó.

Un alto nivel de integridad pública puede impulsar la competitividad regional

Enfatizó que un alto nivel de integridad pública puede impulsar la competitividad regional. “Una región donde las autoridades subnacionales aprovechan adecuadamente sus recursos, y no existe una malversación de fondos, ni un mal uso del dinero público (entendido como poco aprovechamiento de estos recursos), es una región donde también se puede impulsar la competitividad”, expresó.

“Es un factor que es determinante para la competitividad, sin embargo, no es suficiente. Si no está acompañado de servicios básicos de calidad de una región y de un entorno propicio para los negocios. Existen regiones donde, a pesar de no tener riesgos tan altos de integridad, igual existen niveles limitados de competitividad”, puntualizó.

Señaló, por ejemplo, que Moquegua, Tacna, Lima Metropolitana y Callao, y algunas regiones de la costa norte, registran niveles de riesgos medios bajos de integridad, y también son regiones que tienen niveles altos de competitividad según el índice de competitividad regional del IPE.

“Es un círculo virtuoso, porque tenemos regiones donde existen recursos suficientes, donde existen más recursos que en otras regiones, no necesariamente suficientes, y estos recursos los pueden aprovechar las autoridades. Y las autoridades, cuando aprovechan adecuadamente estos recursos, cuando no hacen mal uso del dinero público, pueden continuar generando valor agregado a estas regiones, lo cual permitiría continuar con el desarrollo”, dijo.

IPE recomienda destrabar los proyectos paralizados y no prometer nuevas obras

Señaló que el IPE recomienda destrabar los proyectos paralizados. “No es necesario seguir prometiendo nuevos proyectos si más del 50% de los proyectos de inversión subnacional se encuentran paralizados. Entonces se requiere una decisión pública acerca de estos proyectos. Se van a continuar, se van a reformular o van a cerrar”, aseveró.

“Y esta decisión pública debe responder a la necesidad de cerrar brechas sociales en la región, priorizar aquellos proyectos que justamente vayan a poder cerrar brechas sociales. Además, también es necesario promover la transparencia y la rendición de cuentas para reducir estos casos de corrupción”, indicó.

Agregó que las autoridades deben transparentar todos los procesos de contratación. “Se debe reforzar la transparencia y rendición de cuentas porque una ciudadanía que confía en sus autoridades es una ciudadanía donde también puede haber un entorno de negocios propicio y la competitividad puede seguir adelante”, subrayó.

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