RCR, 15 de marzo de 2024.- La doctora Ángela Grosshein, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), dijo que la derogatoria del DL 1607, que buscaba frenar la expansión de la minería ilegal, fortalece a la criminalidad organizada. Explicó que los gremios empresariales están solicitando al Ejecutivo, al Congreso y a la ciudadanía trabajar unidos en la lucha contra el crimen organizado, porque está en juego la vida de todos los peruanos.
“El impacto es quitarle elementos y herramientas a la Policía para poder actuar y retirar a las personas que han invadido terrenos que se encuentran en actividades de concesión, exploración y explotación y justamente poder incautar los explosivos que causan muchísimo daño. Es sobre todo el impacto en gestión para poder luchar contra la criminalidad”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Remarcó que los gremios empresariales están solicitando al Ejecutivo y al Congreso es trabajar juntos en la lucha contra la criminalidad organizada, porque está en juego la vida de todos los peruanos. “Lo que hemos hecho ayer los gremios es solicitar justamente que todos nos unamos, inclusive el Congreso y el Poder Ejecutivo, y nos sumemos a luchar contra la criminalidad. Aquí está en juego nuestras vidas, la vida de todos los ciudadanos”, indicó.
“Para nosotros es una gran preocupación porque como sabemos la minería ilegal es la principal actividad ilícita el día de hoy en el país, vinculada actividades como el narcotráfico, entre otros. Tomar una medida de este tipo que en realidad lo que buscaba era luchar contra esas actividades ilícitas preocupa a todos los gremios”, expresó.
Enfatizó que el DL 1607 permitía a la Policía incautar explosivos a las personas que no contaban como un permiso vigente para poder utilizarlos. “Sabemos todo el daño que pueden ocasionar con los explosivos si no se utilizan adecuadamente y adicionalmente también lo que buscaba la norma es que las actividades ilegales no se realicen en terrenos concesionados a terceros, que estaban realizando actividades de exploración y explotación”, afirmó.
“La minería ilegal e informal el día de hoy representa 2.5% del PBI. Es mucho dinero que está en juego y que en realidad implica toda una serie de actividades ilícitas también. El hecho que se haya derogado esta norma lo que está implicando es que el Estado tenga menos elementos para poder luchar contra las actividades ilegales”, apuntó.
Sostuvo que el REINFO debe ser eliminado, porque encubre a los mineros ilegales. “El REINFO como tal ya no debe existir porque ya hemos visto lo que está generando. Lo que debe existir es un proceso de formalización serio y que lleve en realidad al cumplimiento de la normativa ambiental, de seguridad y salud de los trabajadores y que además genere que los mineros artesanales, la pequeña minería crezca, que sea mucho más productiva”, aseveró.
“El REINFO es una norma que en realidad ha generado también esas actividades ilícitas y las encubre. Entonces, lo que se quiere hacer entiendo con esa normativa es justamente luchar contra los mineros ilegales, y por supuesto seguir trabajando en el proceso de formalización”, recalcó.
Manifestó además que el aumento de la minería ilegal y la criminalidad organizada afectan a las inversiones. “Uno de los temas que siempre se miden para efectos de la competitividad es el acceso a terrenos, la estabilidad que tenemos política y jurídica y también la seguridad en general. Estos elementos son parte de los que se toman en cuenta para efectos de realizar las inversiones”, subrayó.
