RCR, 14 de abril 2026.- El abogado penalista Javier Aguirre sostiene que la denuncia penal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y cuatro funcionarios de dicha entidad, por presunta obstaculización del proceso electoral, tras los retrasos en la instalación de mesas durante las elecciones generales del 12 de abril, enfrenta serias limitaciones en el ámbito penal.

El incidente, ocurrido en los distritos de San de Miraflores, Lurín y Pachacamac, y que dejó a más de 50 mil personas sin votar oportunamente, abre —según explicó— dos líneas de investigación: una vinculada a delitos electorales y otra a posibles irregularidades en la contratación del servicio logístico con la empresa Galaga SAC.

“Uno son los delitos electorales propiamente dichos, y el otro tiene que ver con contratación pública. Hay que tener mucho cuidado con los delitos electorales en un proceso como este, porque para que se configuren tienen que ser intencionales, es decir, tiene que existir dolo. Y eso, por experiencia profesional, ya les anticipo que va a ser muy difícil de probar. Demostrar que el señor Corvetto y sus gerentes actuaron con la intención deliberada de demorar y obstaculizar el proceso, a partir de los hechos que conocimos el domingo, para favorecer a uno de los candidatos, eso, a mi criterio, va a ser muy difícil de probar», declaró en RCR.

Pena de hasta 8 años de cárcel

Explicó que la normativa penal sí contempla sanciones severas para este tipo de hechos. “La ley castiga la demora u obstaculización en un proceso electoral, incluso sin mayores elementos adicionales. Ese delito puede acarrear hasta ocho años de pena privativa de libertad. Además, se investiga la posible omisión de funciones de los responsables del proceso logístico y el impedimento del derecho al voto de miles de ciudadanos”, precisó.

En esa línea, indicó que el caso debe analizarse diferenciando responsabilidades: por un lado, los presuntos delitos electorales asociados a la demora en la instalación de mesas; y por otro, el proceso de contratación con la empresa transportista, donde podrían configurarse delitos como negociación incompatible, colusión o cohecho, dependiendo de cómo se ejecutó la distribución del material.

Más de 50 mil electores no pudieron votar

Remarcó que existe un hecho objetivo: la afectación al derecho al voto de miles de ciudadanos. “Estamos hablando de 50 mil o 60 mil personas que no pudieron votar. Ese es un hecho objetivo”, enfatizó. Añadió que en diversos centros de votación las mesas se instalaron varias horas después de lo previsto, incluso al mediodía o más tarde.

Asimismo, indicó que en algunos locales el material electoral no llegó a tiempo, lo que impidió la instalación de mesas y provocó que muchos electores desistieran tras largas horas de espera. Esta situación, refirió, responde a fallas logísticas que involucrarían tanto a la ONPE como a la empresa encargada del transporte.

“No es fraude pero sí un hecho grave”

Pese a ello, Aguirre descartó que se trate de fraude electoral. “No me atrevería a decir fraude, porque implicaría una afectación total del proceso. Pero sí es un hecho grave”, afirmó.

En ese sentido, advirtió que los retrasos trastocaron el desarrollo del proceso electoral al limitar el ejercicio del sufragio. No obstante, insistió en que el principal obstáculo en la vía penal será demostrar la intencionalidad, mientras que en el plano funcional las responsabilidades podrían establecerse con mayor rapidez al tratarse de hechos objetivos.