RCR, 22 de Julio 2021 .- Luis Lamas Puccio, asesor legal ad honorem de la empresa Willax, advirtió que el presidente electo Pedro Castillo está poniendo en peligro la libertad de expresión y de prensa en el Perú al solicitar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones una investigación por ética a la empresa Willax. También dijo que las denuncias de conspiración, sedición y grave perturbación de la tranquilidad pública contra periodistas y congresistas electos no tienen ningún sustento jurídico y legal.
“Yo no soy abogado de la empresa Willax, soy un ciudadano que colabora aportando ideas, pero no tengo ninguna vinculación contractual profesional y económica con Willax. He actuado como ciudadano porque considero que hay un tema vinculado que compromete la institucionalidad y el principio de la libertad de expresión y la libertad de prensa”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR)
Enfatizó que se está intentando politizar el tema de la libertad de prensa a través de una solicitud que ha sido dirigida al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y firmada por el presidente Castillo. “El hecho que esté firmada esta solicitud por el presidente Castillo implica llevar a una dimensión política una controversia que tiene un ámbito personal”, indicó.
“El doctor Palacín sabe que estos temas tienen que ser resueltos en la vía judicial que corresponde, que es la vía cuando plantea una querella penal por el delito de difamación, calumnia e injuria. Llevarlo a una dimensión del Ejecutivo implicaba convertir en política de estado un tema tan controvertido y sensible como es el ámbito de la libertad de expresión y de la libertad de prensa”, precisó.
También precisó que al aperturarse una investigación preliminar contra los parlamentarios, periodistas y el canal Willax, se corre el riesgo de estar criminalizando la libertad de expresión y de prensa. “Las controversias surgidas en cuanto al tema de la calumnia, difamación e injuria tienen un procedimiento establecido por el Código de Procedimientos Penales”, afirmó.
“Si obvias el proceso de la querella y se inicia una investigación en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con la firma de un documento quien es actualmente el presidente de la República, lo que se está propiciando es llevar el tema a una discusión política y deja de tener objetividad como sí lo tendría si es que se discute y se resuelve a nivel del Poder Judicial”, expresó.
Explicó que la investigación preliminar que ha abierto el Ministerio Público es por iniciativa de un grupo de abogados que ha formalizado una denuncia por los delitos de conspiración, sedición y grave perturbación de la tranquilidad pública. “El Ministerio Público ha abierto una investigación preliminar para indagar y recopilar la información posible, para que el fiscal tome una decisión de convertir o no esta denuncia en una investigación preparatoria”, apuntó.
“Si se apertura una investigación preparatoria contra estos dos parlamentarios electos, la investigación comienza a adquirir cierto matiz preocupante y político, porque los hechos que sustentan adquieren una connotación judicial y la ley plantea mayores exigencias. En las denuncias se dicen muchas cosas, respecto a declaraciones y arengas dichos por diferentes personas, ya son hechos que tienen que estar encuadrados dentro de un tipo penal y estos hechos no tienen esas características y exigencias para hablar de un delito de sedición, de conspiración y de grave alteración de la paz pública”, subrayó.
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