RCR, 14 de Octubre 2021 .- Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, reveló que los últimos cuatro alcaldes del distrito cusqueño de Echarati, en la provincia de La Convención, perpetraron actos de corrupción que impidieron que 2,941 millones de soles, transferidos del gas de Camisea, entre los años 2008 y 2017, se utilizaran en la implementación de los servicios básicos.

“El gran problema es que la Contraloría no se da abasto para tantos municipios y ese es un problema de fondo. Los municipios y los gobiernos regionales casi actúan sin control. La muestra es que los cuatro últimos alcaldes de Echarati están procesados por corrupción. En Echarati tenemos en el año 2021 hasta setiembre 112 millones de soles, más o menos 10 millones de soles mensuales para gastar”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Señaló que Echarati es uno de los distritos más ricos del Perú en la recepción de canon, pero la corrupción la ha mantenido en la pobreza. “Hemos visto que construían grandes acueductos inmensos y la población no tenía agua y desagüe. En este caso lo que hemos visto es mala contratación, porque contratan combustible, no sabemos para que contratan combustible. En otros casos hemos visto que hay 61 millones de soles en el 2021, que están en el aire y no se sabe en que se han gastado”, precisó.

“Echarati no tiene los servicios básicos en toda la población y eso causa preocupación porque al menos un gobierno local debería dedicarse a implementar los servicios básicos para que las personas puedan desarrollar su vida con lo mínimo indispensable y eso no está pasando. La población siente que la empresa privada no genera utilidad y eso es falso, porque el dinero se queda en el medio que es el alcalde o el gobernador regional”, remarcó.

Agregó que se ha verificado que los alcaldes de Echarati contrataron a 24 personas naturales por 6 millones de soles. “Esa es la modalidad que vemos en provincias y nadie hace nada. Esta situación es la que más golpea a la población, porque es la autoridad que está más cercana. El Gobierno central se encarga de transferir recursos para que los gobiernos subnacionales gasten, pero sin control y estos gobiernos subnacionales tienen una chequera en blanco para robarse la plata”, subrayó.

“Por ejemplo, Cerrón no ha sido investigado por el fiscal, porque recibía amenazas y el caso ha tenido que trasladarse a Lima. Como los fiscales están cerca no es difícil para un gobernador regional o un alcalde mandarle una embajada para amenazar al fiscal y encima el fiscal no tiene seguridad y recursos logísticos y se caen las investigaciones. Es un ecosistema perverso que favorece la corrupción”, apuntó.

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