Napoleón Gutiérrez Anticona, representante del Frente de Defensa de Hualgayoc, denunció que las organizaciones que antes paralizaban la región por la minería formal, hoy guardan un «silencio cómplice» frente a la criminalidad y la depredación ambiental de la minería ilícita.

RCR, 17 de abril de 2026.- El escenario social y económico en Cajamarca atraviesa una transición crítica. Durante años, la región fue el epicentro de una férrea oposición a la minería formal, fundamentada en la protección de cabeceras de cuenca y el impacto ambiental. Sin embargo, este discurso contrasta hoy con un notable silencio ante la expansión de la minería ilegal, una actividad que no solo depreda el ecosistema sin planes de remediación, sino que ha introducido dinámicas de criminalidad organizada que afectan la estabilidad regional.

Napoleón Gutiérrez Anticona, representante del Frente de Defensa de la provincia de Hualgayoc, advirtió en entrevista con la Red de Comunicación Regional (RCR) sobre este cambio de postura en las organizaciones que antes lideraban las protestas.

Según Gutiérrez, se ha establecido un silencio determinado por parte de las ONG y ciertos dirigentes, quienes habrían desplazado su enfoque hacia intereses políticos de cara a los próximos procesos electorales.

«La mayor parte de dirigentes han entrado a este nuevo espacio y se han descuidado del fenómeno que afecta a la región», señaló.

Desde una perspectiva económica y de seguridad, el avance de la minería ilegal en zonas como Hualgayoc no representa una alternativa de desarrollo, sino una amenaza estructural. A diferencia de la minería formal, que opera bajo marcos regulatorios y fiscales, la actividad ilícita fomenta economías subterráneas marcadas por la extorsión y la inseguridad ciudadana.

Gutiérrez Anticona enfatizó que esta «otra parte criminal» está rompiendo el tejido social de Cajamarca, utilizando la política no para planes de gobierno, sino como una plataforma de difamación e intereses particulares.

Ante este panorama, el dirigente hizo un llamado al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa para que las intervenciones bajo el estado de emergencia no sean exclusivamente reactivas.

Propuso la implementación de talleres y capacitaciones que permitan a la población distinguir entre el aprovechamiento de recursos y la ilegalidad depredadora. «Lo que no está permitido por ley, no debe hacerse», sentenció, subrayando la necesidad de que el Estado recupere el principio de autoridad para garantizar un entorno donde la inversión y el trabajo se desarrollen bajo estándares de legalidad y sostenibilidad.