Solamente tres de los 104 postulantes a la Junta Nacional de Justicia aprobaron el test de 50 preguntas sobre conocimientos. Estos son: David Dumet Delfín, Víctor Cubas Villanueva y Pedro Patrón Bedoya.  

RCR, 20 de mayo 2019 .- El resultado de la evaluación de conocimientos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) devino en una abrumadora desaprobación de casi la totalidad de los 104 postulantes para los siete puestos titulares, y otro tanto de suplentes, de este órgano de control jurídico.

Los tres postulantes que obtuvieron los puntajes aprobatorios del examen, realizado ayer en campus de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), son: David Dumet Delfín (80 puntos), Víctor Cubas Villanueva (70 puntos) y Pedro Patrón Bedoya (66 puntos).

Ante los resultados, Comisión Especial para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se declaró “en sesión permanente”, a fin de evaluar alternativas de solución a esta situación.

En un comunicado, la referida Comisión Especial agrega también que “se solicitará al Congreso una sesión conjunta de las comisiones de Constitución y Reglamento, y de Justicia y de Derechos Humanos, para informar sobre las propuestas que acuerde dicha Comisión Especial”.

De acuerdo con las bases del concurso público, la evaluación de conocimientos, desarrollada este domingo, comprendió cinco puntos: Derecho constitucional y derechos humanos; sistema peruano de impartición de justicia; derecho administrativo y derecho administrativo sancionador; derecho civil y derecho penal; y gestión pública y gestión del talento humano.

A continuación, la relación de las cincuenta preguntas que no pudieron contestar acertadamente el centenar de abogados aspirantes:

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

1. Sobre los Decretos de Urgencia en el ordenamiento constitucional peruano, señale

la afirmación incorrecta:

A. Se pueden referir a materias tributarias.

B. Se pueden referir a materias económicas.

C. Se pueden referir a materias financieras.

D. Son medidas extraordinarias.

E. Deben ser aprobados por el Consejo de Ministros.

2. El proceso de habeas data protege el siguiente derecho:

A. Derecho a no ser incomunicado

B. Derecho del secreto de las comunicaciones

C. Derecho de acceso a los medios de comunicación social

D. Derecho a la inviolabilidad y secreto de los documentos privados

E. Derecho de acceder a información que obre en poder de una entidad pública

3. El jurista cuya doctrina constitucionalista ideó la creación del primer Tribunal

Constitucional del mundo fue:

A. Carl Schmitt.

B. Rudolf Smend.

C. Hans Kelsen.

D. Herman Heller.

E. Konrad Hesse.

4. La supremacía de la Convención Americana de Derechos Humanos y el efecto

vinculante de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

fundamentan el control de:

A. Legalidad.

B. Normatividad.

C. Constitucionalidad.

D. Convencionalidad.

E. Sistémico

5. La Junta de Fiscales Supremos está constituida por:

A. Los Fiscales Supremos.

B. El Fiscal de la Nación y los Fiscales Supremos.

C. El Fiscal de la Nación y los Fiscales Supremos Titulares.

D. Los Fiscales Supremos Titulares y Fiscales Supremos Adjuntos.

E. Los Fiscales Supremos Cesantes y/o Jubilados y el Fiscal de la Nación.

6. Es una competencia de la Corte Suprema de Justicia de la República:

A. Conocer todo tipo de contiendas de competencia producidas entre jueces de inferior

jerarquía

B. Conocer las consultas efectuadas por los órganos jurisdiccionales cuando estos

aplican el control de constitucionalidad difuso

C. Conocer las apelaciones interpuestas contra las sentencias expedidas en procesos

competenciales y en procesos de acción popular

D. Conocer las demandas de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta cuando se imputa

fraude judicial a magistrados integrantes de una Sala Superior

E. Ejercer el control de constitucionalidad concentrado

7. No es una función del Fiscal de la Nación:

A. Ejercer ante el Tribunal Constitucional la acción de inconstitucionalidad

B. Ejercer el derecho de iniciativa legislativa

C. Formular cargos ante el Poder Judicial cuando se presume e

E. La motivación debe ser expresa que refleje una vinculación entre los hechos y la

exposición de las razones jurídicas.

11. Sobre el principio non bis in idem, marque la alternativa correcta:

A. Son aplicables las disposiciones sancionadoras al momento de incurrir el administrado

en la conducta a sancionar.

B. Permite la imposición sucesiva o simultánea de una pena y una sanción administrativa

cuando se aprecie la misma identidad el sujeto, el hecho y el fundamento.

C. Acumula las infracciones en aquella que tenga mayor gravedad de sanción.

D. Permite la imposición de dos sanciones administrativas cuando estas cautelen

bienes jurídicos distintos.

E. Tiene que haber coincidencia solamente en la identidad de sujeto y de fundamento para

que se configure el principio non bis in idem.

12. En materia sancionadora, las disposiciones de la Ley del Procedimiento

Administrativo General son supletorias a las leyes especiales. Esto significa que:

A. las leyes especiales, en todos los casos, pueden regular en contrario de las disposiciones

de la Ley del Procedimiento Administrativo General, sin excepciones.

B. la ley especial rige cuando las leyes especiales regulan el mismo supuesto regulado por

la Ley del Procedimiento Administrativo General.

C. cuando la Ley del Procedimiento Administrativo General establece una condición

favorable para el administrado, esta no puede ser desconocida por la ley especial.

D. la Ley especial puede restringir derechos de los administrados reconocidos por la Ley

del Procedimiento Administrativo General, alegando su condición de especialidad.

E. las leyes especiales y la Ley del Procedimiento Administrativo General no tienen relación

concurrente interpretativa.

13. Respecto a los deberes de los cónyuges, marque la alternativa correcta:

A. Cada cónyuge puede ejercer cualquier oficio permitido por ley, así como efectuar

cualquier trabajo fuera del hogar con el asentimiento expreso o tácito del otro.

B. Si uno de los cónyuges se dedica exclusivamente al hogar, la obligación de sostener a

la familia recae en el otro, sin tener este último la obligación de colaborar con las

necesidades propias del hogar.

C. Compete al cónyuge que sostiene económicamente el hogar fijar el domicilio conyugal y

decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar.

D. Los cónyuges tienen deber de cohabitación, el cual deberá mantenerse en toda

circunstancia, mientras el vínculo matrimonial no se haya disuelto.

E. Si se ignora el paradero de uno de los cónyuges, el otro no podrá ejercer la

representación de la sociedad conyugal.

14. Respecto a quien ejecutó o participó en las actividades criminales generadoras del

dinero, bienes, efectos o ganancias en el delito de lavado de activos, marque la

alternativa que contenga la afirmación verdadera:

A. Puede ser investigado por el delito de lavado de activos.

B. No puede ser considero autor del delito de lavado de activos, pero sí partícipe del mismo.

C. No puede ser considero autor ni partícipe del delito de lavado de activos.

D. No puede ser considerado autor del delito de lavado de activos, pero sí puede

comprendérsele como tercero civil responsable.

E. Solo en casos evidentes, y de manera excepcional, puede ser condenado por el delito

de lavado de activos.

15. Respecto al delito de tráfico de influencias, marque la alternativa correcta:

A. El vendedor de influencias solo es sancionado en los casos en los que invoque o cuente

con influencias reales, que le permitan afectar potencialmente el bien jurídico protegido.

B. El vendedor de influencias solo es sancionado en los casos en los que invoque o cuente

con influencias simuladas, aunque ello implique no se llegue a lesionar de manera

efectiva el bien jurídico protegido.

C. Es un delito de resultado en el que, necesariamente se exige la lesión del bien jurídico.

D. Es un delito en el que el legislador ha elevado actos preparatorios al nivel de actos

ejecutivos.

E. Es irrelevante que el sujeto activo sea un funcionario público, dado que el legislador no

ha previsto en el tipo penal agravante alguna para estos supuestos.

16. El delito de lavado de activos es un delito

A. que solo lesiona la administración de justicia.

B. que lesiona la economía de mercado.

C. que solo atenta contra el orden financiero.

D. especial.

E. pluriofensivo.

17. La siguiente definición: “conjunto de órganos de con

20. A continuación se muestran una lista de factores a medir por parte de la evaluación

de desempeño, seguidos de sus indicadores de medición. Señale la relación entre

factor e indicador que sea INCORRECTA:

A. Productividad: número de casos resueltos

B. Eficiencia: costo promedio por casos atendidos

C. Efectividad o eficacia: número promedio de resoluciones expedidas por caso

D. Calidad: porcentaje de sentencias revocadas

E. Tiempo: tiempo promedio en resolución de un expediente

21. La norma constitucional “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni

impedido de hacer lo que ella no prohíbe” se puede considerar:

A. Un apotegma jurídico

B. Un argumento a fortiori

C. Un argumento ab maioris ad minus

D. Un argumento ab minoris ad maius

E. Un argumento a contrario sensu

22. Sobre los Decretos Legislativos en el ordenamiento constitucional peruano, es

incorrecto afirmar:

A. La ley autoritativa debe precisar la materia específica a ser regulada.

B. No pueden emplearse para regular materias reservadas a las leyes orgánicas.

C. No pueden emplearse para regular materias reservadas a la Ley de Presupuesto.

D. El Poder Ejecutivo debe dar cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada

decreto legislativo.

E. Se deben promulgar dentro de los seis meses contados desde la fecha de

publicación de la ley autoritativa.

23. En cuanto al control de convencionalidad dentro del marco del Sistema

Interamericano de Protección de Derechos Humanos, no existe acuerdo en la

doctrina para considerar como parámetro de control a:

A. La Convención Americana de Derechos Humanos

B. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

C. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

D. Las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

E. Los tratados celebrados en el marco del Sistema Interamericano y ratificados por los

Estados

24. Uno de los requisitos que se deben tener para acceder y permanecer en la carrera

fiscal es:

A. No encontrarse afrontando un proceso de alimentos en calidad de demandado.

B. No tener afiliación vigente en ningún partido político.

C. Debe contar con nacionalidad peruana no menor a 5 años.

D. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o culposo.

E. Realizar los cursos de capacitación cada 5 años.

25. Para que se dé por terminado el cargo de juez en el marco de una incapacidad

física, esta debe ser:

A. Una incapacidad permanente

B. Una incapacidad transitoria, que impida el ejercicio de la función jurisdiccional por un

periodo mayor a seis (6) meses

C. Una incapacidad generada en el ejercicio de sus actividades jurisdiccionales

D. Una incapacidad permanente y comprobada, siempre que impida el ejercicio de la

función jurisdiccional

E. Una incapacidad permanente, siempre que impida el ejercicio de la función jurisdiccional

26. ¿Cuál es el valor bajo el cual el juez no debería pertenecer o asistir a eventos de

índole político?

A. El de imparcialidad judicial mediante el cual el juez evitará realizar prejuicios que

pudiesen afectar la valoración de los hechos y por ende influir en su desempeño

jurisdiccional.

B. El de autonomía e independencia judicial, que establece que el Juez realizará su función

jurisdiccional sin influencia ajena o por responder a los intereses de la sociedad o presión

de terceros.

C. El de diligencia jurisdiccional mediante el cual cumplirá sus funciones jurisdiccionales

con laboriosidad y evitando retrasos o incidentes innecesarios que afecten su

desempeño y cause perjuicio en los justiciables.

D. El de transparencia que garantizará a la sociedad que el d

29. Respecto al procedimiento administrativo disciplinario, marque la alternativa

correcta:

A. El órgano instructor está impedido de apelar la decisión del órgano resolutor

cuando se aparte de su dictamen.

B. La prescripción se computa a partir de la notificación del inicio del procedimiento

disciplinario.

C. El principio de legalidad no dispone el establecimiento y la imposición de las sanciones

disciplinarias.

D. Es posible que la medida cautelar mantenga su vigencia luego de finalizado el

procedimiento disciplinario.

E. El procedimiento disciplinario y el funcional cautelan el mismo bien jurídico.

30. Marque la alternativa que contemple una excepción que pueda ser invocada en el

proceso de extinción de dominio:

A. Excepción de incompetencia

B. Excepción de improcedencia de acción

C. Excepción de prescripción

D. Excepción de naturaleza de juicio

E. Excepción de amnistía

31. Respecto a la realización de la audiencia en los procesos por actos de violencia

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, marque la alternativa

correcta:

A. En los casos que la víctima haya brindado su declaración ante la PNP o el Ministerio

Público, el juzgado obligatoriamente debe entrevistar a la víctima para poder determinar

las medidas cautelares o de protección.

B. Desde la publicación de la Ley 30364, el Ministerio Público ya no participa en la

audiencia.

C. La audiencia tiene por finalidad determinar las medidas de protección y cautelares

más idóneas para salvaguardar la integridad física, psicológica y sexual de la

víctima, y resguardar sus bienes patrimoniales.

D. Cuando el juzgado de familia no logre ubicar a alguna o ninguna de las partes para la

citación o notificación a la audiencia, la misma se suspende y se programa una nueva

fecha.

E. En caso de inasistencia de las partes a la audiencia, el juez da por concluido el proceso.

32. Respecto al delito de cohecho activo genérico, marque la alternativa correcta:

A. Sanciona a cualquier persona que ofrece, da o promete a un funcionario público

una ventaja o un beneficio para que realice u omita actos en violación de sus

obligaciones.

B. Sanciona al magistrado, árbitro, fiscal, perito, miembro de Tribunal Administrativo u otro

análogo que solicite una ventaja o beneficio con el fin de influir en la decisión de un

asunto que esté sometido a su conocimiento.

C. Sanciona al miembro de la Policía Nacional que solicita una ventaja o beneficio para

realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial.

D. Se sanciona al secretario judicial, relator, especialista o auxiliar judicial que recibe una

ventaja o beneficio indebido para realizar un acto en violación de sus obligaciones.

E. Sanciona a cualquier persona que ofrece, da o promete a un funcionario público de otro

Estado un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona,

para que dicho funcionario realice actos propios de su cargo empleo, en violación de sus

obligaciones o sin faltar a las mismas.

33. El modelo de conocimiento que es base de reclutamiento y selección.

A. se enfoca esencialmente en el desarrollo, en lo que se piensa serán capaces de

hacer en el futuro, caracterizado por el pensamiento estratégico y la proactividad

B. combina la hoja de vida, la entrevista y las referencias personales

C. relaciona el hombre adecuado para el cargo adecuado

D. considera fundamental la entrevista personal

E. evalúa al postulante en cada una de las etapas del proceso de selección

34. El sistema administrativo, el proceso de selección y el reclutamiento en el sector

público se denomina modelo de gestión de

A. mantenimiento.

B. empleo.

C. contratación de personal.

D. recursos humanos.

E. participación.

35. Sobre los indicadores para medir el desempeño de los jueces y fiscales, ¿cuál de

las siguientes afirmaciones NO es correcta?

A. Medir la productividad por número de casos resueltos puede generar el incentivo a la no

exhaustividad en el análisis de los casos.

B. Si el indicador “número de casos resueltos” no se pondera en función de la complejidad

de los tipos de casos, se crea el incentivo a privilegiar los casos sencillos en desmedro

de aquellos que por su complejidad requieren de mayor dedicación de tiempo.

C. Todos los factores que influyen en el tiempo de resolución de los casos (desde

que se presenta un proceso ante un juez y este emite una sentencia) están bajo el

control del juez.

D. La evaluación de desempeño en el sistema de justicia requiere de un sistema de

información preparado para proporcionar datos que hagan posible la evaluación objetiva

y estandarizada de factores tales como el tiempo, volumen de casos, etc.

E. La legitimidad del sistema de evaluación frente a los evaluados depende de su

predictibilidad. Por ello, este tipo de sistemas prevén el conocimiento previo de lo que se

espera del evaluado (compromisos y metas en las regulaciones nacionales) y una

adecuada retroalimentación de los resultados.

36. En el Perú, el control concentrado de constitucionalidad aparece por primera vez

en la Constitución de:

A. 1860

B. 1920

C. 1933

D. 1979

E. 1993

37. De acuerdo con la Constitución peruana de 1979, los tratados tenían:

A. Rango legal y los de derechos humanos rango constitucional

B. Rango legal y los de derechos humanos rango supralegal

C. Rango supralegal y los de derechos humanos rango constitucional

D. Todos rango de ley

E. Todos rango supralegal

38. Sobre los Magistrados del Tribunal Constitucional, ¿qué afirmación es verdadera?

A. Pueden ser reelegidos inmediatamente.

B. Gozan de las mismas prerrogativas que los congresistas.

C. Son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de la mitad del

número legal de sus miembros.

D. Pueden ser elegidos los jueces y fiscales que se encuentran en ejercicio de su cargo.

E. Tienen un mandato de siete años.

39. Respecto de la Justicia Penal, el Título Preliminar del Código Procesal Penal de

2004 reconoce:

A. La indemnización por las decisiones judiciales.

B. El derecho a un juicio oral, contradictorio y privado.

C. Las resoluciones judiciales siempre son recurribles.

D. La existencia de impugnaciones de oficio.

E. Que las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las

facultades y derechos previstos en la Constitución.

40. Sobre los vicios de la motivación interna, ¿qué alternativa es correcta?

A. Puede producirse cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que

establece previamente el juez en su decisión.

B. Puede producirse cuando el juez no consigna los argumentos cabalmente necesarios

para sustentar su decisión.

C. Puede producirse cuando las razones ofrecidas por el juzgador no coinciden

adecuadamente con su decisión.

D. Puede producirse cuando el juez valora parcialmente los argumentos expuestos por los

litigantes.

E. Puede producirse cuando el juez erige su motivación sobre un hecho incierto o sobre el

cual no existe certeza plena

41. Según el Código de Ética del Poder Judicial del Perú, las funciones del Comité de

Ética Judicial son:

A. Formular propuestas sobre el presupuesto del Poder Judicial

B. Proponer temas para el desarrollo jurisprudencial en materia penal, civil y laboral

C. Llevar a cabo investigaciones en materia penal, civil y laboral

D. Monitorear la difusión y la observancia del Código de Ética del Poder Judicial

E. Sancionar administrativamente a los jueces

42. Sobre los precedentes administrativos, marque la respuesta incorrecta:

A. Los criterios interpretativos establecidos por las entidades pueden ser modificados si la

interpretación anterior no es correcta.

B. La sola modificación de los criterios interpretativos no faculta la revisión de oficio.

C. Los precedentes administrativos constituyen criterios de observancia obligatoria para la

entidad.

D. Constituyen precedentes los actos administrativos que al resolver casos particulares

interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación.

E. Los precedentes administrativos tienen efectos erga omnes y son de aplicación

para todas las entidades de la administración pública.

43. Si la eficacia del acto administrativo se configura en función al cumplimiento de

determinadas acciones por parte de la administración pública, marque la

alternativa correcta:

A. El acto administrativo de efectos favorables es eficaz desde la fecha de su emisión.

B. La eficacia de los administrativos de efectos desfavorables se configura desde la emisión

de los mismos

C. Los actos administrativos adquieren eficacia cuando se notifican dentro de los 10 días

hábiles de su emisión.

D. El acto que declara la nulidad no puede tener eficacia anticipada salvo excepciones

prescritas por ley.

E. La eficacia del acto únicamente se puede configurar con la notificación del mismo

44. Señale la alternativa que no constituya un criterio para la graduación de la sanción

administrativa:

A. El beneficio ilícito

B. La subsanación voluntaria antes del inicio del procedimiento

C. El perjuicio económico causado

D. Intencionalidad

E. La probabilidad de detección

45. NO es una comunicación de inteligencia financiera nacional que emita la Unidad

de Inteligencia Financiera:

A. Informe de Inteligencia Financiera

B. Respuesta de Información del Exterior

C. Nota de Inteligencia Financiera

D. Reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera

E. Reporte de Acreditación

46. NO es una comunicación de inteligencia financiera nacional que emita la Unidad

de Inteligencia Financiera:

A. Informe de Inteligencia Financiera

B. Respuesta de Información del Exterior

C. Nota de Inteligencia Financiera

D. Reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera

E. Reporte de Acreditación

47. La Convención de Palermo sobre criminalidad organizada en el año 2000

estableció la necesidad de penalización del blanqueo del producto del delito en la

siguiente modalidad:

A. la conversión de bienes por ignorancia deliberada de su origen ilícito.

B. la conversión de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito,

con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito.

C. la conversión de bienes producto del delito, con el propósito de ocultar el origen ilícito.

D. la conversión de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el

propósito de hacer conocer su origen ilícito.

E. la conversión no intencional de bienes producto del delito, con el propósito de ocultar o

disimular el origen

48. Sobre la Acción de Control Gubernamental es correcto que:

A. El conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos técnicos, que compete

aplicar a la Contraloría General u otro órgano del Sistema con el objeto de supervisar,

vigilar y verificar la gestión, la captación y el uso de los recursos y bienes del Estados.

B. El conjunto de actividades de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que

realiza la entidad con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones

se efectúe correcta y eficientemente

C. El ejercicio del control gubernamental por el Sistema en las entidades, se efectúa bajo la

autoridad normativa y funcional de la Contraloría General, en función a la naturaleza y/o

especialización de dichas entidades, las modalidades de control aplicables y los objetivos

trazados para su ejecución.

D. El conjunto de órganos de control, normas, métodos y procedimientos, estructurados e

integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control

gubernamental en forma descentralizada

E. Es la herramienta esencial del Sistema, por la cual el personal técnico efectúa la

verificación y evaluación, objetiva y sistemática, de los actos y resultados

producidos por la entidad en la gestión y ejecución de los recursos, bienes y

operaciones institucionales

49. Las auditorías en las que se determina en qué medida las entidades han observado

la normativa aplicable, disposiciones internas y las estipulaciones contractuales

establecidas en el ejercicio de la función o la prestación del servicio público y en

el uso y gestión de los recursos del Estado, se denominan:

A. Auditorías financieras

B. Auditorías de cumplimiento

C. Auditorías del Sistema de Control Interno

D. Auditorías de tercera parte

E. Auditorías internas

50. El objetivo general de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública

es:

A. impulsar una gestión pública por objetivos nacionales.

B. promover la gestión pública para satisfacer necesidades.

C. orientar la gestión pública con carácter descentralizado.

D. orientar la gestión pública al cumplimiento del Acuerdo Nacional.

E. conseguir que el Estado disponga, asigne y ejecute los recursos presupuestales

para financiar los resultados que los ciudadanos esperan y valoran.