RCR, 27 de Octubre 2021 .- Ángel María Manrique, representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, hizo un llamado al vicegobernador de Arequipa a que tome la conducción del gobierno regional, para garantizar la continuidad de todos los servicios de salud y educación en la región. Añadió que el caso de Cáceres Llica no es aislado, porque la corrupción en Arequipa es un problema estructural en los últimos 10 años.
“A partir del viernes el Poder Judicial dispuso una medida de prisión preliminar al gobernador y a siete consejeros del gobierno regional, conjuntamente con varios funcionarios públicos que ocupan un cargo gerencial. Hemos dado un conjunto de recomendaciones, dentro de las cuales hacemos la invocación al vicegobernador a que tome la conducción del gobierno regional y que garantice la continuidad de todos los servicios públicos, la atención a miles de ciudadanos que tienen procedimientos administrativos”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que no se debe interrumpir el proceso de vacunación y seguir aprobando las solicitudes de los directores de colegios, para el retorno a las clases semipresenciales, así como también garantizar la prestación del servicio de agua potable, dado que tres funcionarios detenidos pertenecían a la gerencia de la empresa Sedapar. “Es responsabilidad de los funcionarios públicos seguir cumpliendo sus funciones en el marco de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales”, indicó.
Caso Cáceres Llica no es aislado
También mencionó que el caso del gobernador regional no es un tema aislado en Arequipa. “En los últimos 10 años el problema de corrupción es un problema estructural en las gestiones regionales y municipales de Arequipa. Esto nos pone en alerta, no solo por los reportes de la Contraloría, advirtiendo que tenemos más de 900 millones de soles en pérdidas por la corrupción en la región, sino también por los reportes de la Fiscalía Anticorrupción, donde en Arequipa, desde el 2010 al 2017, se tienen 682 procesos judiciales y de estos solo el 65% recién están en la etapa de investigación”, observó.
“Eso genera desconfianza y encono en la población cuando advierte que la justicia no impone las sanciones que corresponden a los responsables y no se tiene una justicia oportuna. No es posible que después de tanto tiempo los procesos sigan en investigación y no se tenga un inicio de juicio que esclarezca los hechos. Nuestra invocación es que se asignen los recursos desde el gobierno nacional para que el Ministerio Público acelere los tramites y se puedan dar un mensaje de justicia y no de impunidad en Arequipa”, apuntó.
Agregó que el alcalde provincial sigue un proceso penal en trámite, donde ya fue sentenciado por una gestión que cumplió en un municipio distrital. “El anterior alcalde ha sido condenado por la sala superior por corrupción. La anterior gobernadora sigue con procesos pendientes de trámite y todavía no terminan en un juicio oral”, añadió.
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