Nota de prensa 

Ente fiscalizador autorizó la reanudación de clases presenciales en las academias preuniversitarias, pese a no ser parte de sus funciones.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho instó al Consejo Regional a convocar de inmediato a sus miembros, para una sesión extraordinaria cuya agenda sea declarar la nulidad del acuerdo adoptado ayer, con el que se autoriza la reapertura de clases presenciales en las academias de preparación para el ingreso a universidades.

Al respecto, la semana pasada, estudiantes, docentes y profesores que brindan el servicio, en este tipo de establecimientos que no está comprendido en el sistema educativo, protestaron de manera enérgica en inmediaciones de la ciudad de Huamanga reclamando el retorno a clases presenciales.

Tras la convocatoria de la Defensoría del Pueblo, en una reunión sostenida el 18 del mes en curso, se advirtió que si bien el funcionamiento de estas academias está regulado por las Resoluciones Ministeriales N° 629-87-ED y 476-88-ED, ambas estarían derogadas por la Ley General de Educación que no las considera dentro del sistema educativo nacional. Del mismo modo, se evidenció que el Gobierno no consideró a estas academias en las fases de reactivación económica, dejando en incertidumbre a las personas que se dedican a esta actividad.

De otro lado, debe tenerse presente que mediante el Decreto Supremo N° 008-2021-PCM  se prorroga el estado de emergencia nacional hasta el 28 de febrero y se incluye a la región Ayacucho en el grupo de riesgo muy alto, con restricciones para el aforo de varias actividades económicas y el cierre de establecimientos como casinos, gimnasios y cines, entre otros, que fueron reactivados económicamente hace pocos meses.

“El Consejo Regional de Ayacucho no tiene competencia para autorizar el retorno a clases presenciales de estas academias. De hecho, ante la clasificación de riesgo muy alto para esta región, varios rubros económicos reducirán sus aforos, incluso hasta el 0 %, ya que constituyen un grave riesgo de propagación del virus en la ciudadanía. Por ello, corresponde esperar la respuesta del Gobierno a las consultas realizadas por la Municipalidad de Huamanga y la Dirección Regional de Educación sobre esta problemática”, sostuvo David Pacheco-Villar, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo de Ayacucho.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho participará de la sesión del Consejo Regional, con la finalidad de garantizar la nulidad del acuerdo que pone en riesgo de contagio a la población ayacuchana.