Fuente : Diario Uno
Con la finalidad de mitigar el impacto económico en los hogares de mayor vulnerabilidad por efecto de la pandemia, las autoridades nacionales dispusieron -entre una serie de medidas excepcionales y temporales- la entrega de subsidios monetarios (Bono “Yo me quedo en casa”, Bono Independiente, Bono Rural y Bono Familiar Universal) para hogares de diferentes sectores. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha podido comprobar que no se ha llegado a toda la población vulnerable de manera oportuna y adecuada.
A través del informe Bonos para hogares en el contexto de la emergencia por la Covid-19: Dificultades y alternativas para mejorar su entrega, la institución evidencia que este esfuerzo no se concretó satisfactoriamente, entre otros aspectos, debido a que los padrones de beneficiarias/os se elaboraron tomando como referencia la información del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), la cual se encuentra desactualizada.
Ante esta realidad, la Defensoría del Pueblo ha recomendado al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), coordinar para disponer una segunda apertura de la plataforma virtual del Registro Nacional de Hogares, para que aquellos hogares que no han recibido ningún bono del Estado, puedan inscribirse y acceder a un subsidio monetario.
En esa línea, la entidad plantea revisar el cruce de los padrones de los subsidios económicos otorgados con el padrón del Bono Universal, a fin de evitar la exclusión indebida de hogares que no han recibido ningún subsidio y se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema, así como atender los casos pendientes de resolver, que fueron ingresados por los canales de atención al público implementados con dicha finalidad.
La Defensoría del Pueblo exhorta a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a disponer la difusión de los Padrones de Beneficiarios de los Bonos otorgados por el gobierno nacional, en el marco del estado de emergencia, para garantizar la transparencia en la gestión y el uso de los recursos públicos y facilitar la vigilancia y control social.
