General ® PNP Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional del Perú, sostiene que Decreto Supremo N° 169 faculta a la Policía velar por el orden interno con la cooperación de las Fuerzas Armadas, “porque nos estamos acostumbrando al deporte nacional de la paralización de la libre circulación por la vía pública”.
RCR, 16 de Octubre 2019 .- La declaratoria de estado de emergencia por 30 días en parte del corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa tiene que restablecer el libre tránsito de los ciudadanos y garantizar la seguridad de las inversiones públicas y privadas en el Cusco, sostuvo el General ® PNP Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional del Perú y exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
“Los resultados iniciales de las manifestaciones son los daños que ocasionan a las empresas públicas y privadas. En el caso de inversionistas externos, ellos van a esperar que el Estado tenga mano fuerte para sancionar antes de que se cometan actos ilícitos contra las personas y las propiedades. Mientras no se clarifique nada, dudo que alguien quiera invertir en el país”, indicó el exdirector de la Policía Nacional del Perú a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Pérez Rocha recordó que en las manifestaciones contra la privatización de Egasa y Egesur en Arequipa el 2002 “los grupos marchaban y rompían ventanas de empresas, bancos, centros culturales, negocios, y en algunos casos robaban mercancías de estas empresas, también volteaban y quemaban vehículos”. “El ciudadano común entraba en temor ante el peligro de sufrir el impacto mortal de una piedra arrojada con una huaraca”, dijo.
“Este decreto de excepción es interesante porque hay algo de suma gravedad que se tiene que atender. El presidente de la República está dando la facultad a la Policía para que sea la encargada de velar por el orden interno con la cooperación de las Fuerzas Armadas en lugares de alta complejidad. Es interesante porque nos estamos acostumbrando al deporte nacional de la paralización de la libre circulación por la vía pública”, comentó.
Explicó que “el artículo 200 del Código Penal habla de extorsión y a la letra dice: los que por violencia o amenaza quieran obligar a una autoridad a hacer algo, impidiendo la libre circulación por la vía pública, impidiendo el libre tránsito, la pena será entre 8 y 15 años, siempre en cuando se usen medidas de fuerza con objetos contundentes, utilizando niños para esta actividad”.
“Si vemos (a través de los medios) que los manifestantes utilizan niños, objetos contundentes y cierran la vía con árboles y troncos, yo no entiendo por qué no se aplica la ley”, se preguntó el exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
Principio de autoridad
El general en retiro de la Policía sostuvo que “si se quiere restablecer el principio de autoridad, tenemos la ley del uso de la fuerza, y si es necesario aplicar la fuerza con medidas extremas hay que hacerlo, porque acá se ha perdido el principio de autoridad y por eso (los manifestantes) hacen lo que les da la gana”.
“El decreto supremo indica que está prohibida la reunión tumultuaria, puede intervenir la autoridad y resolverla. También puede haber un horario donde se suspenda el libre tránsito. Asimismo, está prohibido reuniones que tenga que ver con reclamos. Está también el aspecto de las detenciones, aquí ya no hay que solo se detiene en flagrante delito, solo se detiene. Eso es lo que se estila en los regímenes de excepción o estado de emergencia”, precisó.
“El bloqueo de vías está penado, porque esta actividad no solo está dentro de las prohibiciones contempladas en estado de emergencia, sino que existe la flagrancia de un delito. El caso de Las Bambas es importante y yo lo observo como una debilidad. Los manifestantes se enfrentan a los policías que solo cuentan con escudo y vara de goma. También tienen escopetas lanza gas, pero los beligerantes usan unas huaracas que tienen un impacto que puede ser mortal y no pasa nada”, remarcó.
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