RCR, 10 de julio de 2020.- El congresista Gino Costa, integrante del Partido Morado, señaló que el presidente Martín Vizcarra debería aclarar públicamente las contrataciones que obtuvo su cuñado Fredy Herrera Begazo con el Estado a pesar de estar impedido de hacerlo. Señaló que el mandatario debería demostrar transparencia y no solo exigirla a sus adversarios políticos.

“Sería aconsejable que si hay una denuncia se aclaren las cosas públicamente y además se colabore con las investigaciones. Lo aconsejable es que las cosas se aclaren públicamente más allá de la colaboración que haya que dar a las investigaciones que se realicen, sea en el ámbito de la fiscalía, del Congreso o en cualquier otra instancia. Hay que ser transparente en todos los casos, no solo cuando le exigimos transparencia al adversario político”, indicó a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Remarcó que “sería aconsejable que esas cosas se aclaren lo antes posible, le hacen daño a quien no lo hace y que se proceda con las investigaciones”. “Los contratos del cuñado del presidente tienen que investigarse por la Comisión de Fiscalización del Congreso, que tiene que estar presidida por alguien que inspire confianza”, dijo al referirse al congresista Edgar Alarcón, quien afronta dos denuncias constitucionales por enriquecimiento ilícito y peculado.

Señaló que “nosotros ya habíamos señalado que personas destituidas por falta grave no podían presidir la Comisión de Fiscalización”. “Esto corrobora lo que habíamos dicho de Alarcón, que tenía seis investigaciones penales, dos ya han sido materializadas por la Fiscal de la Nación. El Congreso tendrá que tramitar las denuncias constitucionales contra él y creo que debería dar un paso al costado”, afirmó.

“Si hay hechos irregulares tienen que investigarse en las instancias correspondientes, establecerse la verdad y en función de eso tomar las acciones que haya que tomar sin distinguir de que grupo político es, si está o no con el Gobierno. Ahí no hacemos distinción y no lo hemos hecho con el caso de los ‘cuellos blancos’. El Congreso no puede obstruir las investigaciones sea quien sea el investigado”, aseveró.

Decisión apresurada y equivocada

Costa reconoció que “la decisión tomada el domingo, en relación con la inmunidad parlamentaria y presidencial, es equivocada”. “Uno, porque fue muy apresurada. Y dos, porque ha sido cuestionada desde diversos frentes como una medida inadecuada. Acá tiene que imperar la sensatez y regresar al origen del problema, que es el abuso de la inmunidad parlamentaria. Ojalá que ese sea el criterio que prime en las bancadas”, indicó.

“Si se quiere insistir en la reforma de las prerrogativas del presidente de la República, los ministros y el Tribunal Constitucional, lo podemos hacer, pero guardando las formas, dándole a eso el estudio, el debate y la discusión requeridos antes de ir a una votación y eso duraría mucho más tiempo. Por eso, la invitación del Consejo de Estado a una reflexión más amplia creo que eso es lo más indicado”, expresó.

Puntualizó que “el problema es el uso y abuso de la inmunidad parlamentaria y frente a eso hay dos caminos”. “O la reformamos, es decir se mantiene vigente pero la levanta otro poder del estado, que puede ser la Corte Suprema de Justicia o la Junta Nacional de Justicia. O la eliminamos como otros países del mundo que ya no tienen inmunidad parlamentaria, como Colombia o los países anglosajones como Reino Unido, Australia y Canadá”, anotó.

“Acá el error ha sido colectivo, por supuesto que hay una responsabilidad del presidente de la Comisión de Constitución, que no ha estado a la altura de las circunstancias, pero de ahí hacer creer que el problema se resuelve con un cambio en la presidencia de esa comisión no creo. La presidencia de esa comisión la tiene el partido APP (Alianza para el Progreso) y ese partido tendrá que ver si le renueva la confianza”, manifestó.

Por otro lado, consideró que “la decisión que se tomó en relación con los impedimentos para postular, es decir la prohibición de que postulen o ejerzan cargos públicos personas sentenciadas es una decisión correcta”. “Dividamos, la prohibición para postular se debe ratificar lo antes posible para que esté vigente en el próximo proceso electoral, y lo referido a la inmunidad, tenemos que ver que caminos tomamos”, subrayó.

“La prohibición para que candidatos con sentencias por delitos dolosos puedan postular a cargos de elección popular o ejercer la función pública es correcta. En el último proceso electoral hubo 230 candidatos que tenían sentencias, de manera que esta sería una forma de restringir la participación de gente con problemas con la justicia”, argumentó.

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