RCR, 14 de Octubre de 2026.- El exfiscal anticorrupción y abogado Martin Salas Zegarra advirtió que el proceso electoral en Lima Metropolitana enfrenta una inédita controversia legal debido a la postulación encubierta de Rafael López Aliaga, al tiempo que sostuvo que el Estado debe movilizar de inmediato a las Fuerzas Armadas para recuperar los territorios dominados por la minería ilegal.

En relación con el panorama electoral limeño, Martin Salas Zegarra explicó que la disputa voto a voto entre Rafael López Aliaga y Francis Allison presenta una figura extraordinaria, ya que López Aliaga postuló formalmente al cargo de teniente alcalde.

Según detalló, en caso de resultar ganador, no podría recibir credenciales ni juramentar como alcalde de Lima de forma directa, sino que tendría que juramentar como teniente alcalde para que posteriormente el Concejo Municipal elegido lo posicione en la alcaldía.

Para el exfiscal, esta situación constituye una manipulación normativa que vulnera y socava la voluntad del electorado, puesto que la ciudadanía acude a las urnas con la intención explícita de elegir a su alcalde.

Sobre esta misma materia, Salas Zegarra criticó el silencio y la falta de acción del Jurado Nacional de Elecciones frente al vacío normativo. Indicó que el máximo organismo electoral no ha promovido modificaciones legales ante las instancias correspondientes para evitar que asuma la alcaldía una persona que no fue votada directamente para ese puesto, limitándose a experimentar con la coyuntura del proceso.

En cuanto a la lucha contra la criminalidad organizada y el avance de la minería ilegal, Martin Salas afirmó que el Estado debe sentar presencia y reafirmar su soberanía en las zonas afectadas, diferenciando con claridad la minería artesanal informal de la actividad ilegal.

Denunció que las bandas criminales dedicadas a la minería ilegal causan la destrucción del medio ambiente y del estado constitucional de derecho, cometiendo ilícitos graves como homicidios. Al respecto, enfatizó que la presidenta de la República, en su calidad de jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, cuenta con las atribuciones para emitir un decreto supremo que ordene el despliegue militar en áreas críticas como Pataz, o inclusive expropiar dichos terrenos y convocar a un concurso internacional de empresas transnacionales para la explotación minera.

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