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CONTRALORÍA: REACTIVAR OBRAS PARALIZADAS O INCONCLUSAS ES UNA PRIORIDAD PARA EL PAÍS

Fuente: Diario Voces 

La Contraloría General de la República continúa llevando a cabo acciones de fiscalización y control para garantizar el correcto y eficiente uso de los recursos públicos, afirmó el contralor general, Nelson Shack, quien consideró preocupante que el país mantenga obras inconclusas y paralizadas en diversas regiones del país, lo que refleja la desidia del Estado en concretarlas y en permitir que los ciudadanos puedan beneficiarse de ellas.

A propósito de la actual situación política que atraviesa el país, Shack Yalta señaló que no le corresponde a él, ni mucho menos a la Contraloría, pronunciarse sobre la actual coyuntura política. “La posición de la Contraloría General de la República es que esta situación debe solucionarse pronto, siempre tomando como herramienta fundamental el diálogo, en el marco del irrestricto respeto al estado de derecho”. En tal sentido, agregó que son los poderes del Estado, los órganos autónomos y las organizaciones políticas, quienes están obligados a trabajar en una agenda país a corto plazo, que permita superar las actuales circunstancias y reencaminar a la nación en una senda de crecimiento y desarrollo.

En ese sentido, resaltó la importancia del rol que cumplirá la Contraloría General durante los próximos meses en los que no habrá control político a los ministerios, que no dejarán de ejecutar obras. El Contralor General indicó que “avanzar con la reconstrucción con cambios, en la ampliación del control concurrente y en la reactivación de las obras paralizadas, sobre todo en las regiones, debe ser prioritario porque beneficiará a miles de peruanos”.

“En el país, y en especial en las provincias más alejadas, no se puede seguir justificando que existan obras con una inversión mayor a los S/ 16 mil millones, y que permanezcan como elefantes blancos que no tuvieron éxito y no cumplieron con el fin público para los cuales fueron aprobados”, agregó Shack Yalta.

Recordó también que la Contraloría General presentó al Legislativo un proyecto de ley que planteaba crear un régimen excepcional que permitiera a las entidades públicas tomar el control de las obras paralizadas para reactivarlas, concluirlas y ponerlas en operación al servicio de los ciudadanos.