Fuente: La República

El Congreso incumple un mandato judicial al negarse a reincorporar a 22 trabajadores despedidos tras el cierre del Congreso en la dictadura fujimorista, pese a que tienen medidas cautelares ganadas en el Poder Judicial.

El Legislativo asegura que esos funcionarios no son repuestos en sus cargos por falta de presupuesto. Este argumento ha generado la indignación de los trabajadores luego de conocerse el derroche que se hace en el Parlamento con la compra de televisores, flores, frigobares y computadoras de alta gama y última generación.

El abogado Gilmer Ricardi Rosas, quien es uno de los trabajadores que tiene una medida cautelar para ser repuesto en el Congreso, informó a este diario que los 22 trabajadores ya enviaron las resoluciones para su reingreso, pero en el Parlamento han levantado un acta donde señalan que no tienen presupuesto y le piden al Poder Judicial que oficie al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que amplíe el presupuesto al Legislativo.

Contra Galarreta

Tras calificar ese pedido como un “despropósito”, Ricardi sostuvo que el acta es una forma de incumplir el mandato judicial, por lo que procederán a denunciar penalmente al presidente del Congreso, el congresista fujimorista Luis Galarreta, y a los funcionarios administrativos responsables por no cumplir la orden judicial.

Ricardi lamentó que un poder del Estado que debe dar el ejemplo respetando las leyes, se escude en actas que, según denunció, en realidad son maniobras para no cumplir con la medida cautelar que debe ejecutar por tener un carácter de irreversible.

El abogado agregó que el Congreso podría apelar, pero aun en ese caso se tiene que cumplir con la medida cautelar que dispone el reingreso.

El abogado Ricardi dijo que en total son 154 trabajadores despedidos que se encuentran en la quinta lista, y de ellos hay 78 que tienen sus casos judicializados y 22 ya tienen la medida cautelar resuelta a su favor.

Según explicó, el resto de trabajadores también tendrá resultados favorables con medidas cautelares debido a que todos están en la misma situación y solo es cuestión de tiempo para que la justicia emita los fallos.

Otro de los funcionarios perjudicados, Marco Reyes, detalló a este diario que se desempeñaba como asistente legislativo en la oficina de Diarios de Debate hasta que Alberto Fujimori cerró el Congreso, en 1992.

Recién en enero de este año logró la medida cautelar, y en marzo se presentó ante el Parlamento para retomar sus funciones; sin embargo, le cerraron las puertas.

“Fui a la gerencia del área de Recursos Humanos (del Congreso) con una especialista del (noveno) Juzgado de Trabajo para hacer cumplir la ley. Pero simplemente hicieron un acta. He estado luchando y tengo la ley en la mano, mientras el Congreso mete a otra gente”, lamentó.