RCR, 23 de octubre de 2026.- En el marco del nonagésimo tercer aniversario de la comunidad originaria quechua de Yauli (La Oroya), su asesora legal, Rubí Rojas, denunció que el Poder Judicial pretende vulnerar la autonomía institucional de la organización al emitir una resolución que ordena la remoción de su presidente.

La representante precisó que este constituye el segundo intento de destituir a un directivo comunal sin que exista una causal penal o una violación a los derechos humanos, sino respondiendo a la demanda planteada por un trabajador minero que no reside en la zona.

Rojas explicó que el proceso tramitado en el Juzgado Mixto de La Oroya, a cargo del juez Víctor Pariona Espinoza, muestra un trato inadecuado hacia los comuneros y teniendo como sustento un estatuto falso.

La asesora afirmó que el demandante es un trabajador de una empresa minera cercana que radica en la zona únicamente por motivos laborales, sin participar en las costumbres, tradiciones ni faenas agrícolas que realizan los comuneros a más de 4800 metros sobre el nivel del mar.

Remarcó que la única motivación para exigir su incorporación al padrón es acceder a los beneficios de la comunidad, entre los que destacan un bono semestral superior a seis o siete sueldos mínimos vitales y las utilidades que genera la empresa comunal.

Rojas indicó que la resolución que ordena la remoción del presidente comunal no está consentida y ya ha sido apelada. Asimismo, precisó que se han presentado causales de nulidad debido a que no se notificó debidamente a todas las partes involucradas en el proceso.

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