Fuente : Ministerio de Vivienda
Ellos pasarán a formar parte de un portafolio de predios del Estado, que están a disposición de las entidades públicas para la ejecución de diversos proyectos.
Lima, 11 de agosto del 2021.- Un total de 943 951 m² de terrenos del Estado ubicados en Lima y Piura fueron recuperados por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), y pasarán a formar parte de un portafolio de predios estatales que se encuentran a disposición de las entidades públicas para la ejecución de diversos proyectos.
A través de la Procuraduría Pública, la SBN consiguió recuperar tres predios en la región Lima. Uno de ellos es un terreno de 893 141.44 m² en el distrito de Supe, provincia de Huaura. En tanto, en Lima Metropolitana, se recuperaron dos predios: uno en el distrito de Ancón, de 1 828.97 m², y otro en San Juan de Lurigancho, de 8 980.52 m². Asimismo, en la región Piura se recuperó un terreno de 40 000 m² en el distrito de Pariñas, provincia de Talara.
Estos terrenos pasarán a formar parte de un portafolio de predios del Estado que se encuentra a disposición de las entidades públicas para que en ellos puedan ejecutarse diversos proyectos, como hospitales, escuelas, carreteras, viviendas, etc. Estos predios también podrán ser subastados por el Estado a favor de terceros.
Actualmente, dicho portafolio cuenta con 2736 predios disponibles a nivel nacional, los cuales pueden ser consultados de manera libre y gratuita a través del visor geográfico denominado Portafolio de Predios del Estado (PPE), que se encuentra en la web de la SBN, en el siguiente enlace: https://www.sbn.gob.pe/portafolio/.
Cabe destacar que las recuperaciones extrajudiciales que realiza la SBN se dan en aplicación de los artículos 65 y 66 de la Ley 30230, que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país.
Según el Código Penal vigente, los delitos por usurpación y tráfico ilícito de terrenos estatales son sancionados con 5 a 12 años de pena privativa de la libertad.
