RCR, 19 de agosto 2026.- La Cámara de Comercio de Lima (CCL) presentó al Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori una propuesta de 12 decretos de urgencia destinados a activar medidas económicas para reducir los impactos del Niño Costero 2026 en los sectores productivos y las Mypes.

La iniciativa busca que el Estado tenga un marco normativo listo para actuar con rapidez frente a la emergencia y atender sus efectos antes de que el Niño Costero 2026 alcance su mayor intensidad.

“Lo que proponemos son 12 medidas normativas concretas para que, de alguna manera, tengamos las reglas listas para dar liquidez a las pequeñas empresas, facilitar el pago de impuestos, que las obras preventivas y de defensa ante el Niño se puedan realizar de manera rápida, que se asegure también la cadena de pagos, el acceso a las cadenas logísticas, proteger el empleo y facilitar también las importaciones de emergencia, garantizando que los presupuestos se ejecuten rápido pero con total transparencia para afrontar de manera correcta este Niño Costero que ya es un hecho”, afirmó Carlos Posada, director institucional de la CCL, en diálogo con Red de Comunicación Regional (RCR).

Lecciones del Niño del 2017

Explicó que la iniciativa surgió a partir de las dificultades en anteriores emergencias.

“No nos olvidemos que el sector público solamente puede hacer lo que esté establecido en las normas y la experiencia nos demostró en el año 2017 y en el COVID que al no tener las normas correctas, la demora en la ejecución de las acciones terminó siendo un problema adicional al propio fenómeno del Niño o a la pandemia”, sostuvo.

La propuesta también incorpora una condición para evitar que las medidas se apliquen de manera indiscriminada.

“No es un cheque en blanco, no se trata de alterar las normas por alterarlas simplemente, sino crear espacios de ejecución rápida cuando en ciertas zonas, que se van a ver afectadas en su momento, y sean declaradas como zonas de emergencia para que se activen estos mecanismos”, señaló.

Protección para las Mypes

Uno de las medidas urgentes apunta directamente a las Mypes, que podrían enfrentar dificultades para mantener sus obligaciones financieras si una emergencia interrumpe sus actividades.

“Estamos proponiendo que exista una línea de garantía para pymes con respaldo de COFIDE a fin de permitir una reprogramación de créditos sin deterioro automático de la clasificación crediticia o el perfil de la empresa. Hemos visto que cuando hay fenómenos naturales o problemas exógenos, las Mypes son las que más sufren, se rompe la cadena de pagos, se deteriora la clasificación automática crediticia y la empresa termina teniendo un problema adicional relacionado con sus seguros de crédito y la continuidad del negocio”, afirmó.

El paquete contempla, además, un tratamiento tributario especial para los negocios ubicados en las zonas directamente afectadas. La finalidad es evitar que las obligaciones fiscales se conviertan en una presión adicional para empresas que hayan tenido que paralizar o reducir sus operaciones.

“Proponemos que en aquellos lugares o zonas donde haya desastres, existan cronogramas especiales para el pago de los tributos (IGV, impuesto a la renta) fraccionamientos y suspensión de los intereses moratorios para aquellas empresas que se han visto afectadas. Porque si una empresa no puede operar por la emergencia, el Estado está obligado a darle el oxígeno y no aumentar el problema”, manifestó.

Obras rápidas con control

Otro eje de la propuesta es la contratación pública. La CCL plantea procedimientos especiales para acelerar intervenciones destinadas a reducir la vulnerabilidad de infraestructura frente a las lluvias y otros efectos del Niño costero.

“Es decir, procedimientos simplificados, plazos reducidos para descolmatación, encauzamiento, defensas ribereñas, drenajes, todo lo que es la protección de la infraestructura con una transparencia por supuesto y un control concurrente al momento de la ejecución”, indicó.

Posada remarcó que la aceleración de las obras debe ir acompañada de vigilancia por parte de la Contraloría.  “Se debe mantener un control concurrente, quiere decir a medida que se van desarrollando las obras y la intervención se tiene una verificación en paralelo para lograr finalmente el objetivo es que la obra se realice bien con transparencia y asegurándonos que cada sol ejecutado se haya utilizado para la finalidad específica”, afirmó.

La propuesta ya fue enviada este miércoles al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.