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AUTORIDADES DEBEN REVELAR LOS NOMBRES DE TODOS LOS QUE RECIBIERON LA VACUNA DE SINOPHARM DE MANERA IRREGULAR EN ARAS DE LA TRANSPARENCIA

RCR, 12 de Marzo 2021 .– Marianella Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional, señaló que las autoridades deben revelar los nombres de todos los que recibieron la vacuna de Sinopharm de manera irregular en aras de la transparencia. También dijo que la ley, que ha eliminado el régimen de Contratos por Administración de Servicios (CAS), ya está causando problemas en el Estado, porque está impidiendo a varias instituciones incorporar a personal de manera temporal.

“Yo considero que sí debe abrirse la información (sobre la lista de los vacunados VIP), debe saberse, debe informarse a la ciudadanía quienes han recibido estas vacunas de manera irregular por un tema de transparencia. Habría que abrir toda la información posible”, indicó a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Recalcó que debe primar no solo la transparencia, sino la veracidad de las cosas. “Uno puede salir alegremente y a viva voz decir que no ha hecho algo y en el fondo no es cierto lo que sostiene. Hay que conjugar las dos cosas: transparencia y veracidad de la información y eso es vital cuando uno ejerce un cargo público. Cuando un ejerce un cargo es en representación de los ciudadanos, el funcionario está al servicio de los ciudadanos”, dijo.

“Lamentablemente la transparencia es un tema un poco olvidado en la función pública y deberíamos más bien ahora impulsar y apoyar más, para que todo funcionario público dé cuenta de sus actos permanentemente, si están vinculados sobre todo al quehacer funcional, porque al final esos actos son para el servicio público”, afirmó.

Señaló que a la transparencia y a la veracidad de la información que debe tener todo funcionario, se debe agregar la oportunidad de la información. “No es lo mismo, en su momento, dos o tres meses antes, decir que me voy a someter a un plan de vacunación o voy a estar en este plan experimental, y luego cuando se desencadena la información sostener una información desfasada”, manifestó.

Ley que elimina CAS ya trae problemas

Respecto a ley que elimina el CAS, declaró que esa medida se ha convertido en gran problema que el Estado ya está sufriendo, “por lo menos en la mayor parte de instituciones del Estado”. “En el caso concreto del Tribunal Constitucional teníamos programadas 30 plazas CAS que iban a salir a concurso y lamentablemente se han tenido que han dejar en suspenso porque la ley CAS ha desaparecido”, expresó.

“Hay que advertir que los trabajos que se puedan hacer por locación de servicios o trabajos temporales vía CAS les dan mayor protección a los trabajadores. Por ejemplo, el tribunal está en una fase de digitalización de sus documentos. El objeto central del tribunal no es digitalizar documentos, el objeto central es resolver causas, pero tenemos que contratar transitoriamente para que se haga la digitalización y que mejor forma de contratar que haciendo un contrato temporal, para que los trabajadores puedan tener la cobertura de un seguro social mientras dure el contrato. La ley CAS ya no existe y ya no hay incorporaciones vía CAS al Estado”, recalcó.

Remarcó que el CAS ya desapareció y la locación de servicios es un régimen que antecedió al CAS. “Antes el Estado contrataba temporalmente por locación de servicios, pero luego para darle mayor protección a los trabajadores se creo la figura transitoria llamada CAS, porque permite vacaciones, seguro social y otras coberturas laborales frente a la locación que no recibe nada. Se ha regresado lamentablemente a la época y hemos retrocedido en la tutela de los trabajos temporales”, subrayó.

“El año pasado hemos cerrado la gestión cumpliendo con la meta que nos habíamos programado aun antes de la pandemia. Esto es fruto de la digitalización de los procesos. El Tribunal Constitucional se ha convertido en un tribunal digital, sesionamos dos veces a la semana, el tribunal no para, sigue produciendo y si seguimos a ese ritmo consideramos que antes de julio llegaremos a la carga cero. El año pasado hemos resuelto 6,000 expedientes y este año la carga es de 3,000 expedientes”, destacó.

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