Fuente : Congreso de la República 

Los historiadores del país tendrán su colegio profesional como institución autónoma, con personería jurídica y derecho público que los representará en todos los aspectos concernientes a la investigación y en la difusión de la historia nacional, regional y local en beneficio de la ciudadanía.

Así lo aprobó el martes 20, en forma unánime, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, que, además propuso el 12 de febrero, fecha de nacimiento del destacado historiador peruano Jorge Basadre, como Día Nacional del Historiador.

El dictamen respectivo recogió la propuesta del congresista Javier Mendoza Marquina (UPP) y de los congresistas del periodo anterior: Justiniano Apaza Ordoñez (FA), Joaquín Dipas Huamán (FP); Armando Villanueva Mercado (AP) y de Vicente Zeballos Salinas (NA).

De acuerdo con el texto sustitutorio presentado por la comisión, la colegiatura será obligatoria para el ejercicio de la profesión del historiador.

Asimismo, propone que para ser miembro del Colegio Profesional se requiere haber obtenido título profesional de Licenciado en Historia expedido por una universidad del país o revalidado si fue otorgado por una casa de estudios en el extranjero.

Fue el congresista Marco Pichilingue Gómez (FP) quien planteó que el Día del Historiador sea el 12 de febrero de todos los años, en homenaje a la fecha de nacimiento del destacado historiador tacneño Jorge Basadre, en vez del día de la publicación de la norma, como lo planteaba la propuesta legislativa, “lo cual sería dejarlo a la suerte”.

Inicialmente, el congresista Isaías Pineda Santos (Frepap) consideró que la propuesta vulneraba derechos constitucionales por generar discriminación y colocar barreras entre los colegiados y los que no, al plantear en forma obligatoria la colegiatura para el ejercicio de la profesión.

En consecuencia, el parlamentario pidió una justificación o de lo contrario retirar esa parte de la propuesta.

La secretaría técnica de la comisión explicó que en todo colegio profesional es obligatoria la colegiatura y que son entidades autónomas. En ese sentido, no irroga gastos al Estado y que para el desarrollo institucional requiere de ingresos, lo cual justifica esos aportes. Puesto al voto, la aprobación fue unánime.

SUSTENTAN PROPUESTAS

Durante la sesión extraordinaria, el congresista Rubén Ramos Zapata (NC) sustentó su proyecto de ley que plantea ampliar la competencia de las comisiones reorganizadoras de universidad públicas con licencia institucional denegada a las universidades privadas asociativas creadas por ley.

De igual manera, se busca fortalecer a las referidas comisiones incorporando a las universidades públicas ya licenciadas a través de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú, por su experiencia, tanto académica como administrativa e institucional.

Lo propio hizo la congresista Felicita Tocto Guerrero (DD) con su propuesta que plantea denominar Universidad de Frontera al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Ignacio, con sede en la provincia y distrito de San Ignacio, en el departamento de Cajamarca.

La legisladora señaló que en esa parte fronteriza del país no existe una universidad, sino un instituto público y que es un anhelo del mundo académico contar con una casa de estudios de estudios universitarios, por el déficit de la oferta educativa que obliga a los jóvenes a migrar a otras partes del país.

Por su lado, la congresista Carmen Núñez Marreros (Frepap), sustentó su iniciativa que propone la obligación de incluir en la currícula escolar una asignatura denominada Educación Vial.

La propuesta propone el dictado de normas reglamentarias que permitan su inclusión en los centros educativos de primaria y secundaria.