Congresista electo por Cajamarca, en Alianza Para El Progreso, Moisés Gonzales Cruz, adelantó también que la futura representación parlamentaria no blindará “en lo absoluto” al legislador de su bancada, Humberto Acuña, a quien el fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, ha solicitado el impedimento de salida del país, por la corrupción de Odebrecht.

RCR, 5 de marzo de 2020.- Alianza para el Progreso (APP) solicitará explicaciones al ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, por el estado de construcción de la carretera Huaquillo- San Ignacio, y del Puente Chinchipe, éste último inaugurado en diciembre pasado por el propio presidente, Martín Vizcarra, anunció el congresista electo por Cajamarca, de dicha agrupación política, Moisés Gonzales Cruz.

“Ayer, he presentado un oficio al ministro de Transportes y Comunicaciones (Carlos Lozada) para que nos diera una explicación por este proyecto de carretera y puente, allá en Chinchipe. Queremos una explicación. Es una forma de fiscalizar. Vamos a ser duros en ese tema… Esperamos que en los próximos días, y en los plazos que determine la ley, el ministro nos dé la información, y nosotros podamos explicarle a nuestra población”, subrayó.

Asimismo, anunció que la bancada de Alianza para el Progreso respaldará los dos proyectos legislativos para el fortalecimiento de las funciones de la Contraloría General de la República, planteados por su titular, Nelson Shack.

“Vamos a apoyar esos proyectos que ha presentado el Contralor (Nelson Shack). Hay que institucionalizar, con absoluta independencia, a la Contraloría, el Poder Judicial, la Fiscalía y todos los organismos e instituciones que tengan que ver con el proceso de fiscalización. En eso estamos comprometidos”, puntualizó.

En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Gonzales Cruz adelantó también que la futura representación parlamentaria no blindará “en lo absoluto” al legislador de su bancada, Humberto Acuña, a quien el fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, ha solicitado el impedimento de salida del país, como resultado de las investigaciones que se le sigue por presuntos pagos irregulares a su favor, hechos por la compañía Odebrecht.    

“Ayer estuvimos conversando con Humberto (acuña), y nos dio una explicación. Y en las entrevistas que dio (a los medios), emplazaba al fiscal (Pérez) para que presentara o diera algún ´codinome´ que lo comprometa a él. Y creo que nada de eso ha sucedido… Creemos en él. Pero, en lo absoluto (blindaremos), ni a Humberto Acuña, ni a (los demás) miembros de nuestra bancada, ni de otras bancadas. Por supuesto que no. Creemos que la justicia debe cumplir su rol”, enfatizó.      

Además, Humberto Acuña ha sido sentenciado en primera instancia por el Décimo Juzgado Unipersonal Anticorrupción de Chiclayo, por el delito de cohecho pasivo, al haber ofrecido -a través de su cuñado, Elver Díaz Bravo-, una coima de mil 500 soles al suboficial de la Policía Nacional, Joel Ugaz Cubas.

Cajamarca es una región mal administrada

El representante por Cajamarca ratificó que si bien una de las prioridades de su región es la lucha contra la corrupción institucional, que ha agudizado la pobreza, sostuvo también que su circunscripción continúa siendo una zona “mal administrada”.

“Cajamarca es una región con muchos recursos minerales y naturales, que son parte importante para nuestro desarrollo. Sin embargo, por la mala administración, estamos como estamos. Esos seis distritos son los más pobres de Cajamarca, y eso nos da mucho qué pensar”, anotó.   

En ese contexto, adelantó que propondrá al Poder Ejecutivo la extensión, a la región Cajamarca, de la exoneración tributaria que rige para las regiones de la Amazonía peruana.

“Porque eso nos daría muchos beneficios e incentivaría a la inversión pública y privada. Así también terminaríamos, de algún modo, con nuestros (altos) índices de pobreza, que hace mucho daño a nuestra región”, aseveró.

En otro momento, Gonzales ratificó la posición de APP de mantener una inmunidad parlamentaria  “gradualizada” y constreñida únicamente a la prerrogativa y labor de fiscalización y control que le compete a cada legislador.   

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