RCR, 22 de noviembre de 2025.- El economista y analista político, César Zamora Vento, señaló que el REINFO se ha convertido en un mecanismo que permite la continuidad y expansión de la minería ilegal en diversas regiones del país. Asimismo, sostuvo que el debate en el Congreso refleja intereses subterráneos y una falta de voluntad política para afrontar el problema de fondo.

“Las autoridades locales en muchas regiones del país presentan avances que no se corresponden con la realidad. En Cajamarca, persiste la costumbre de festejar la primera piedra y nunca la última teja, lo que genera frustración y alimenta la informalidad ante la falta de soluciones concretas. Ese clima es el mismo que ha permitido que actividades ilegales como la minería continúen expandiéndose bajo cobertura normativa”, dijo en La Semana por RCR.

Precisó que desde la creación del REINFO en 2017 fue presentado como un mecanismo para impulsar la formalización minera, pero terminó siendo aprovechado por operadores ilegales para resguardar sus actividades. Explicó que la figura del minero artesanal se ha convertido en una pantalla que oculta prácticas vinculadas al crimen organizado, como trata de personas, narcotráfico y sicariato.

“Se inscriben, dicen que regularán sus papeles y continúan explotando ilegalmente. Nunca formalizan. A pesar de ocho años de ampliaciones continuas, este proceso ha perdido su sentido original y hoy opera como una estructura diseñada por actores políticos que buscan prolongar el sistema sin resolverlo, que los plazos se amplíen una y otra vez sin resultados es responsabilidad de los congresistas y autoridades que están jugando sucio al país”, afirmó.

Zamora recordó que incluso cuando el Ejecutivo anunció el cierre definitivo del proceso, no cumplió con su palabra. “Tanto el silencio del gobierno como las maniobras del Congreso evidencian una falta total de compromiso para frenar la expansión de la actividad ilegal”, expresó.

Advirtió que la minería ilegal no solo obtendría ganancias millonarias durante el periodo de ampliación, sino que utilizaría parte de esos recursos para financiar campañas electorales, asegurando la llegada de congresistas afines a sus intereses. “Este escenario, abre la puerta para que operadores vinculados al crimen organizado accedan a cargos estratégicos en el Ejecutivo mediante negociaciones políticas”, anotó.

Remarcó que permitir que estas redes acumulen poder político representa un riesgo de largo alcance, ya que una vez instalados en el Congreso o en ministerios clave, estos grupos podrían influir directamente en la toma de decisiones públicas, comprometiendo la capacidad del Estado para actuar en favor de los ciudadanos.

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