RCR, 22 de noviembre de 2025.- El médico especialista en políticas de salud pública y exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento de Salud, Herberth Cuba García, indicó que es preocupante que exista un cártel de medicamentos en un país con tantas necesidades en insumos y recursos de salud escasos, donde empresas nacionales e internacionales buscan concertar para mejorar sus ganancias empresariales a costa de recursos públicos.
“Esta denuncia se remonta al año 2020 y que recién en 2025 se ha emitido una resolución en primera instancia, la cual aún será apelada, lo que podría prolongar el proceso por varios años más. El caso revela la persistencia de fallas estructurales en los mecanismos estatales de adquisición de medicamentos”, dijo en La Semana por RCR.
Sostuvo que las empresas implicadas habrían realizado un reparto concertado de clientes y zonas geográficas, coordinando ofertas e incluso acordado abstenerse de participar en ciertas licitaciones para favorecer a un proveedor específico. Estas prácticas habrían afectado procesos manejados por CENARES del Ministerio de Salud, el SEACE de EsSalud y otras entidades reguladoras del sector.
“Esta conducta no es nueva, ya ocurrió en el caso del oxígeno medicinal, cuyo acaparamiento agravó la crisis sanitaria durante la pandemia. Estos casos salen a la luz gracias a funcionarios que se atreven a denunciar, pero advirtió que el sistema aún carece de herramientas ágiles y efectivas para prevenir la colusión. La nueva Ley de Contrataciones del Estado incluye un capítulo especial para la compra de medicamentos, cuya reglamentación debe ser mejorada por el Ministerio de Salud”, expresó.
Asimismo, precisó que se requiere fortalecer las funciones de Indecopi para que pueda actuar con mayor autonomía, celeridad y rigor frente a prácticas anticompetitivas, en ese sentido, consideró fundamental que el Ministerio de Salud evite emitir normas que faciliten coordinaciones indebidas entre proveedores y que se establezcan mecanismos especiales de contratación. “Para el sector salud esto será vital a fin de reducir los espacios para acuerdos ilícitos”, afirmó.
Manifestó que las empresas extranjeras que venden medicamentos al Perú lo hacen a través de droguerías o laboratorios nacionales, titulares del registro sanitario y responsables de la importación y comercialización. Por ello, insistió en la necesidad de un control estricto sobre estos intermediarios y de normas que contemplen los riesgos ya evidenciados en el fallo de Indecopi.
“Este caso debe servir como advertencia para reforzar tanto la fiscalización del mercado como los mecanismos de control de calidad en las adquisiciones públicas de medicamentos”, subrayó.
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