RCR, 05 de junio de 2026.- El próximo Gobierno recibirá una auténtica «bomba de tiempo» fiscal. El consultor económico y gerente general de Asfinsa, Javier Zúñiga, lanzó una durísima crítica contra el actual Parlamento, acusándolo de haber descuadrado las finanzas públicas mediante la aprobación irresponsable de gastos, dejando al país en una situación sumamente vulnerable de cara a la segunda vuelta electoral.

«El Congreso actual ha jugado un papel pésimo en asignar una serie de gastos que no debería haberlo hecho. Y está dejando al próximo gobierno un déficit fiscal que dicen que estaría por encima del 3%, que es un tema realmente inaceptable», aseveró Zúñiga en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR).

Para el especialista, este panorama se agravaría drásticamente ante un eventual gobierno de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Explicó que el plan económico de JPP insistirá en elevar el gasto público, rompiendo por completo el límite técnico recomendado del 2.2%. «El déficit fiscal en el Perú no debería ser mayor al 2.2%, pero realmente no debería de ser mayor de cero», advirtió, señalando que esta expansión sin equilibrio obligará a un endeudamiento masivo que comprometerá los presupuestos de los próximos años.

Dos modelos frente al desborde fiscal

Zúñiga sostuvo que las diferencias entre las propuestas económicas de Fuerza Popular y JPP son sustanciales. Mientras el plan de Sánchez amenaza con profundizar el problema, la propuesta de Fuerza Popular apuesta por embridar el déficit debajo del 2.2%, utilizando la estabilidad política como imán para reactivar la economía.

En ese sentido, destacó la presencia de Luis Carranza como carta para el Ministerio de Economía del partido naranja: «Es un hombre que conoce perfectamente el desarrollo de la economía peruana, ha sido dos veces ministro con resultados incomparables».

Contratos ley y el riesgo de demandas internacionales

El desborde del gasto no es el único peligro en el radar. Zúñiga alertó que la intención de JPP de revisar los contratos ley suscritos desde 1993 aislaría financieramente al Perú y provocaría un descalabro jurídico en el exterior.

«Revisar los contratos ley colocaría al Perú muy cerca de los tribunales judiciales internacionales. Y tenemos toda la de perder», enfatizó. El economista recordó que el propio Roberto Sánchez, por su experiencia como exministro de Comercio Exterior, conoce perfectamente que los aranceles bajaron drásticamente del 70% al 2.2% gracias a los acuerdos comerciales con 26 países. Cambiar las reglas de juego en el sector minero, explicó, hará que el Perú sea visto afuera como un país paria que incumple sus contratos.

El costo social: Menos crecimiento y más pobreza

Finalmente, el gerente de Asfinsa remarcó que tanto el desorden del Congreso como la incertidumbre electoral golpean directamente a la inversión local y extranjera, paralizando los grandes proyectos que exigen predictibilidad.

Explicó que, con orden y estabilidad política, el Perú tiene el potencial para crecer de manera sostenida a tasas de 5.5% o 6% anual, muy por encima del 3.5% actual. De lo contrario, el costo lo pagarán los sectores más vulnerables: «Si no hay estabilidad política nos quedaremos en niveles de crecimiento bajos, y por lo tanto la disminución de la pobreza será reducida», concluyó.