RCR, 24 de agosto de 2020.- Gustavo Adrianzén, exministro de Justicia, sostuvo que los 13 muertos en la discoteca clandestina “Thomas Restobar” del distrito de Los Olivos, Lima, demuestra que las fuerzas del orden han perdido la capacidad de evitar los desacatos a las disposiciones para contener la expansión del COVID-19 en todo el país. En ese sentido, dijo que el Gobierno debe implementar medidas más severas para garantizar el cumplimiento del estado de emergencia sanitaria.
“Esto no solamente está ocurriendo en Lima, esto está ocurriendo a nivel nacional y tiene que ver con un abierto desacato a las disposiciones gubernamentales y el absoluto desprecio por la autoridad. La multa es irrisoria, la gente dice que no importa la multa, pero nadie me quita lo bailado”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Remarcó que las fuerzas del orden han colapsado. A nivel nacional no hay capacidad para cerrar discotecas y cuanta variedad existan de estos antros. “Los muertos son los resultados de una denuncia de los vecinos. Esta discoteca (de Los Olivos) tenía publicidad en las redes desde hace meses y no hay capacidad de inteligencia (de la policía)”, resaltó.
“Si los ciudadanos no somos capaces de autorregularnos, tienen que hacerlo las fuerzas del orden, pero de manera efectiva. Las multas son irrisorias y tenemos que implementar un mecanismo más severo, porque la multa no ha dado resultado. Esto es una de las cosas que el Gobierno tiene que aceptar que no funciona”, enfatizó.
Explicó que en la tragedia de Los Olivos se han cometido una serie de actos ilícitos que comprometen especialmente a los organizadores del evento, pero también alcanzaría a los propietarios del inmueble. Luego tenemos que pensar en la eventual responsabilidad del alcalde Los Olivos y hacer una investigación seria por parte de la Fiscalía para desmentir o corroborar las denuncias de familiares de los fallecidos que afirman que la Policía efectuó disparos y lanzó bombas lacrimógenas”, destacó.
Señaló que en nuestro país no puede morir gente de esta manera. Han muerto por aplastamiento, por asfixia mecánica, han muerto intentando alcanzar la calle, remarcó. “Esto es inconcebible más allá de la falta que hayan cometido. Esto nos obliga a una investigación del Ministerio Público. Ayer exhibían que 15 de los 23 detenidos tenían COVID. Eso refleja que tenemos muchos más contagiados de los que nos imaginamos”, comentó.
“El delito de homicidio o de homicidio doloso llega hasta los 25 años con las agravantes que esto significaría para los autores. No es posible que un municipio no se entere que estos antros están funcionando los fines de semana. En Los Olivos, Independencia y San Juan de Miraflores, por ejemplo, operan discotecas de manera clandestina. Tenemos que empezar a sincerarnos. Los alcaldes y sus serenazgos son más que suficientes para impedir los ingresos a esos lugares”, dijo.
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