ACCIÓN POPULAR PROPONE NUEVA FÓRMULA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INMUNIDAD PARLAMENTARIA

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Redacción RCR

La bancada de Acción Popular presentó un proyecto alternativo a la propuesta del Gobierno Central para modificar el beneficio de la inmunidad parlamentaria, establecido en el artículo 93 de la Constitución Política del Perú.

El legislador Armando Villanueva Mercado, explicó a RCR, Red de Comunicación Regional, que la propuesta de su grupo establece que la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria no protege a los legisladores por hechos ocurridos, investigados o procesos anteriores a su elección. En esos casos, los procesos judiciales continuarán sin necesidad de previa autorización del Parlamento.

El proyecto de Acción Popular también propone que la prerrogativa que impide a un legislador ser apresado, no protege a los congresistas de las órdenes de detención emitidas dentro de investigaciones o procesos anteriores a su elección, en cuyo caso pueden ser detenidos, sin necesidad de previa autorización del Parlamento.

En el caso de procesos por presunto delito que habrían sido cometidos cuando un legislador está en funciones, el Congreso tendrá un plazo máximo de diez días para resolver un eventual pedido de levantamiento de inmunidad presentado por la Corte Suprema de Justicia. Si no hay un pronunciamiento del Poder Legislativo, el Poder Judicial considerará aprobada su solicitud.

Armando Villanueva dijo que la propuesta de su grupo político logra el objetivo de proteger a los congresistas de acciones motivadas políticamente y también evitar que esta prerrogativa sea el instrumento para lograr impunidad.

REFORMA POLÍTICA

De otro lado, Villanueva Mercado dijo que no existe la figura de cuestión de confianza suspendida, que supuestamente obligaría al Congreso a aprobar los proyectos de reforma política enviados por el Gobierno sin mayores modificaciones, tras el voto de confianza otorgado al Gabinete Ministerial.

El parlamentario dijo que el Congreso tiene la facultad de revisar los proyectos sin presiones ni condiciones, por lo que el Gobierno no tiene la capacidad de observar o exigir plazos para su aprobación.

Agregó que en estos momentos no se requiere una confrontación entre los poderes del Estado sino que cada uno cumpla su labor. «Que el gobierno se dedique a sus funciones y no a las que corresponden a otros poderes», expresó.