• Investigador del Instituto de Criminología, Christian Campos, sostiene que el Estado peruano carece de diagnósticos para enfrentar la criminalidad.

RCR, 02 de noviembre de 2026.- En medio de una creciente crisis de inseguridad, el Estado peruano carece de objetivos claros para reducir la criminalidad y de diagnósticos suficientes para enfrentar las distintas manifestaciones del crimen organizado.

Así lo advierte Christian Campos Vásquez, investigador del Instituto de Criminología, que reveló además que un estudio de su institución identificó hasta 17 subclases de extorsión, lo que evidencia la necesidad de diseñar estrategias diferenciadas para combatir este delito.

“Creo que no hay un objetivo claro sobre qué hacer o adónde queremos llegar. Desde hace varios años, la principal agenda ha sido darnos más seguridad, lo cual, en sí mismo, no es negativo. El problema es cuando esa agenda se traduce en comprar más patrulleros, cámaras, drones, bodycams y radios, como si tener más capacidad para enfrentar las amenazas fuera la meta. Lo que realmente deberíamos buscar como sociedad es menos delito, menos daño, menos sufrimiento y menos dolor. El asunto es tener menos experiencias de victimización”, afirmó Campos en el programa Perú 2030 de Red de Comunicación Regional (RCR).

Al referirse sobre el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028 y la Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Crimen Organizado al 2040, Campos señaló que uno de los problemas comunes de estos instrumentos es la falta de información para elaborar diagnósticos que permitan identificar las causas de la criminalidad y diseñar servicios públicos dirigidos a resolverlas.

“Lo que sí creo que comparten todos los instrumentos, además de no tener financiamiento claro para el cumplimiento de sus objetivos, es una carencia sistemática y absurda de datos para generar estos diagnósticos iniciales para empezar. Porque un diagnóstico en la lógica de implementación de la política criminal permite estudiar y describir los problemas de forma que puedan sugerir la creación de servicios que ataquen directamente a esas causas y factores que permiten el problema público”, explicó.

Precisó que el Estado depende principalmente de dos fuentes para conocer la situación de la delincuencia: los registros de denuncias policiales y las encuestas de victimización del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). No obstante, ambas presentan limitaciones, porque las primeras solo recogen los delitos conocidos por las autoridades, mientras que las encuestas tampoco permiten abarcar todas las manifestaciones de la criminalidad.

Hay 17 modalidades de extorsión

En ese contexto, Campos advirtió que el incremento de las denuncias por extorsión no significa necesariamente que la incidencia de este delito haya aumentado en la misma proporción. “Lo que ha aumentado es la denuncia de extorsión, lo que no necesariamente significa que hay más extorsión. El aumento de una denuncia muestra que hay más capacidad de la Policía para acoger la denuncia, pero también más intención de la ciudadanía de buscar justicia”, sostuvo.

Advirtió que los registros policiales representan únicamente una parte de la criminalidad, porque los delitos que no se denuncian no ingresan al sistema de información de las autoridades. Por ello, consideró que las decisiones de política criminal no pueden basarse exclusivamente en las estadísticas de denuncias, pues estas no muestran la magnitud completa del problema.

Uno de los principales hallazgos de la investigación del Instituto de Criminología es la identificación de 17 subclases de extorsión, agrupadas en cinco grandes categorías.

Explicó que su estudio distingue entre modalidades esporádicas, que ocurren una sola vez, y manifestaciones sistémicas, entre ellas el pago por protección, que identificó como una de las más comunes, y la extorsión vinculada a la usura, conocida como gota a gota.

Estrategias diferenciadas

Campos sostuvo que las distintas modalidades de extorsión requieren respuestas específicas y que no todas pueden combatirse mediante los mismos operativos policiales. Como ejemplo, señaló que las extorsiones telefónicas y por WhatsApp no necesariamente se controlan con intervenciones en las calles, mientras que las que ocurren en mercados requieren comprender las condiciones particulares de esos espacios.

“El asunto con la política criminal, desde nuestro punto de vista, no está en cambiar las leyes para hacerlas más severas o más precisas a un caso concreto, sino en tener un conjunto de medidas que nos permitan tener menos extorsión, menos delito. No estamos en la perspectiva de más castigo, más policía, más cárcel para los extorsionadores, sino que hay que prevenir el delito”, manifestó.

En esa línea, planteó que las políticas de seguridad deben diseñarse de acuerdo con las características de cada territorio, barrio, zona o mercado.

Deficiencias de comunicación

Campos también alertó sobre las deficiencias de comunicación entre la PNP, los serenazgos de cada distrito y los bomberos. Señaló que el 90 % de estas entidades no tiene capacidad para comunicarse por radio con otras instituciones y que actualmente las coordinaciones dependen de teléfonos personales y grupos de WhatsApp.

Esta situación representa un riesgo ante desastres naturales, especialmente si un terremoto interrumpe las redes comerciales de telecomunicaciones.

Finalmente, cuestionó la sobrecarga de trabajo de los funcionarios públicos y advirtió que la creación de nuevos decretos en materia de seguridad y lucha contra el crimen, en el marco de la delegación de facultades, incrementará sus responsabilidades.

“Mientras las políticas públicas siguen su curso, nosotros pagamos las consecuencias: nos siguen matando, nos siguen extorsionando. Además, la Amazonía se quema y se deforesta. Mientras tanto, la presidenta (Keiko Fujirmori) sigue evaluando qué pasos dar y por dónde empezar”, aseveró.

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