RCR, 26 de octubre de 2026.- La falta de vigilancia y presupuesto del Estado peruano en los ecosistemas de la Amazonía peruana puede favorecer el avance de las economías ilegales, el tráfico de tierras y la ocupación de migrantes en las áreas naturales protegidas, pese a su reconocimiento oficial.
Así lo advierte David Landa, ecologista e integrante del Colectivo Moyobamba 500 Años, al cuestionar el hiperconservacionismo, un modelo que restringe la intervención humana en estos territorios sin garantizar la presencia efectiva del Estado.
“Hay un discurso muy verde de personas que no tienen idea de cómo gestionar el territorio, pero que tienen mucha influencia en las decisiones que se toman en la Amazonía. Algunas tendencias politico/ideológicas utilizan el tema ambiental como parte de su discurso y nos llevan a posiciones extremas, bajo la idea de que la naturaleza funciona mejor cuando no hay intervención humana. Esta tendencia se conoce en la literatura especializada como conservación de fortaleza”, afirmó Landa en la secuencia Reflexiones Amazónicas de Red de Comunicación Regional (RCR).
Conservación de fortaleza
Explicó que el hiperconservacionismo se relaciona con el modelo denominado “conservación de fortaleza”, que considera que el bosque ideal es aquel sin habitantes, una perspectiva que no toma en cuenta las características de la Amazonía peruana, donde viven comunidades indígenas y ribereñas.
Este modelo surgió en EE.UU., a mediados del siglo XIX, con el establecimiento del parque de Yellowstone, donde se desalojó a comunidades indígenas para preservar el espacio natural. Sostuvo que trasladar esa concepción a la Amazonía presenta dificultades porque el Estado peruano no tiene capacidad para vigilar en toda su extensión las áreas protegidas ni impedir por esa vía todas las ocupaciones.
Advirtió que la falta de control territorial también puede facilitar la ocupación de terrenos y su posterior comercialización ilegal. “El estado declara un territorio como área natural protegida o parque nacional, pero no tiene presencia ni presupuesto suficiente para cuidarlo. Entonces, la protección queda solo en el papel, en el mapa, y esos espacios terminan siendo ocupados por inmigrantes e incluso por economías ilegales, como la minería ilegal y el tráfico de tierras”.
Remarcó que personas que llegan a la Amazonía desde Cajamarca, Amazonas, Piura y Ayacucho pueden ocupar terrenos sin conocer los límites de las áreas protegidas, sus zonas de amortiguamiento o los sectores de protección estricta.
El caso del Bosque de Alto Mayo
Como ejemplo, Landa mencionó el Bosque de Protección Alto Mayo, en la región San Martín, donde hay comunidades que siguen ocupando territorios después de la creación del área protegida.
“Los inmigrantes han seguido ingresando porque nadie les ha impedido hacerlo, pese a que existe una dotación policial y una jefatura del área protegida. Esta última tiene oficinas y logística en la ciudad, pero no en el bosque, al que sus representantes acuden solo ocasionalmente. En estos asentamientos, las poblaciones siguen creciendo y estableciendo plantaciones de café y cacao. Como el Estado no puede ejecutar obras físicas, como puentes y carreteras, los propios pobladores se organizan y hacen una chanchita de modo coercitivo – manu militari”, afirmó.
Contó que algunas poblaciones han organizado colectas para construir infraestructura ante las dificultades para ejecutar obras públicas dentro del bosque. Mencionó el pago de cuotas de hasta S/ 1.500 por familia para financiar un puente y sostuvo que esas construcciones pueden costar entre diez y quince veces menos que las obras estatales y lo paradójico es que son de mejor calidad .
Alternativas de gestión amazónica
Frente a ese escenario, Landa propuso revisar los mecanismos de creación y gestión de las áreas protegidas y fortalecer los acuerdos con las comunidades. Como ejemplos, mencionó el manejo del paiche y los programas de repoblamiento de taricayas en Pacaya Samiria, experiencias que muestran que la conservación puede mejorar cuando la población participa en el aprovechamiento responsable de los recursos.
También destacó el caso de las concesiones de castaña en Madre de Dios. Según cifras de Osinfor existen 1.240 concesiones que mantienen más de un millón de hectáreas de bosque en pie. Consideró que esta actividad demuestra el potencial de la economía del bosque como alternativa a la tala.
Sostuvo que la Amazonía necesita profesionales especializados en gestión territorial y políticas públicas que respeten la capacidad de recuperación de los ecosistemas. En su libro Fundamentos Doctrinarios por una Acción Política de la Amazonía Peruana, publicado este año, plantea que el aprovechamiento económico del territorio debe combinar sostenibilidad, conocimiento técnico y límites ecológicos.
Finalmente, insistió en la necesidad de titular y ordenar el territorio, promover la cogestión con las comunidades, fortalecer la economía del bosque y asegurar la presencia efectiva del Estado.
