RCR, 28 de septiembre 2026.- El especialista en gestión y conflictos sociales, Fernando Castillo, sostuvo que el Estado tiene la capacidad operativa para frenar el avance de la minería ilegal en Cajamarca si aplica una estrategia de inteligencia enfocada en erradicar primero a los pequeños operadores y fiscalizar la ruta del dinero.

Según Castillo, la fiscalización debe centrarse en los eslabones clave de la cadena de valor criminal, como el sistema bancario y el control de la infraestructura de procesamiento.

“En el Perú no existe información oficial consolidada sobre la cantidad real de plantas de procesamiento en funcionamiento”, advirtió, destacando la urgencia de trazar el flujo financiero del sector informal.

“La intervención de campo en regiones como Cajamarca, debe plantearse de una manera estratégica, disuasiva y dirigida a focos de menor escala (entre 20 y 40 socavones). Explicó, a través de Red de Comunicación Regional (RCR)

Dijo que, a diferencia de zonas de alta densidad criminal como Pataz, el despliegue de contingentes de 200 efectivos policiales con acompañamiento fiscal permitiría desarticular rápidamente a estos operadores mediante patrullajes periódicos. “Existe la capacidad estatal para hacerlo, pero falta decisión política”, remarcó.

En el plano institucional, Castillo cuestionó la conducción del Ministerio del Interior tras la designación de César Astudillo. A su criterio, la incorporación de mandos militares para liderar sectores clave genera fricciones con la Policía Nacional del Perú (PNP), entorpeciendo la gestión operativa de la seguridad pública.

Finalmente, citando evaluaciones del sector inteligencia en la región, estimó que reconstruir la capacidad estratégica de los sistemas de inteligencia en el país tomará al menos tres años: un año para el reclutamiento y formación de personal, y hasta dos años adicionales para alcanzar un nivel óptimo de espionaje que respalde la toma de decisiones.