RCR, 08 de septiembre de 2026.- El economista Miguel Santillana manifestó que los peruanos tienen el derecho y la necesidad de conocer con total transparencia qué acuerdos se han firmado con el FBI, sosteniendo que un Perú soberano no puede permitir que una policía extranjera opere en su propio territorio.

Si bien consideró bienvenida la ayuda de agencias como la DEA y admitió que se requiere intercepción telefónica para capturar a secuestradores y extorsionadores, insistió en que el gobierno debe transparentar las condiciones pactadas ahora que se espera la llegada de Marco Rubio, secretario de Estados de Estados Unidos.

Sobre la iniciativa estadounidense denominada «Escudo de las Américas», explicó que esta cooperación no es exclusiva para el Perú, sino que también se brindará a Ecuador y Colombia debido a que los tres países registran un crecimiento exponencial de la violencia criminal.

Gobierno afronta desorden y críticas por imprudencias del ministro de Defensa

El economista Santillana cuestionó severamente al gobierno por carecer de decisión política en materia de seguridad, acusándolo de excusarse con el argumento de que está a la espera de facultades extraordinarias.

Señaló que la campaña del gobierno prometió poner orden bajo la premisa de haberse preparado durante veinte años para tomar el poder; sin embargo, al cabo de un mes, lo único que impera en el país es el desorden

Asimismo, Santillana apuntó que Keiko cedió la cabeza del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, ante la presión política y estimó que su sucesor, Freddy López, se mantendrá en la institución, aunque aclaró que la crisis no se soluciona simplemente cambiando de personas.

El economista Santillana sostuvo que detrás de la extrema ola de criminalidad que se vive en Trujillo se encuentra la minería ilegal. Reveló que esta actividad ilícita explota el doble de recursos en comparación con la minería formal, lo que le otorga el suficiente poder económico para sobornar a policías, fiscales, jueces, alcaldes y presidentes regionales.

En ese sentido, Santillana explicó que la asociación de la minería ilegal con el crimen organizado busca destruir deliberadamente la institucionalidad del Estado.