• Analista político Greco Quiroz sostiene que empresario fue liberado y operativo policial deja más dudas que certezas. 

RCR, 01 de septiembre 2026.- “La minería ilegal en Pataz es el origen del mal” de la ola criminal que golpea a la región La Libertad, sostiene el abogado y analista político Greco Quiróz.  Desde Trujillo, Quiróz aseveró que la minería ilegal genera grandes recursos económicos que alimentan a organizaciones criminales. Esta dinámica está detrás de hechos como el secuestro que sufrió el empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, de 31 años, quien ya fue liberado por sus captores.

“Jenss Lara es una persona que tuvo REINFO y una concesión minera en Pataz, la zona más violenta en La Libertad. Era un minero informal y su REINFO fue suspendido en 2024. Además, a través de una de sus empresas, fue involucrado en un proceso muy conocido denominado ‘Los topos del frío’, en el que fue intervenido y detenido por una investigación relacionada con el tráfico de oro y la minería ilegal. Según la tesis de la Fiscalía, estuvo detenido como parte de ese proceso. Es decir, estamos ante una persona vinculada a la minería informal y que fue investigada por presunta minería ilegal y comercialización de oro ilegal. Esta actividad genera un gran rédito económico, con millones de soles provenientes de la extracción de oro en Pataz”, contó Quiróz a Red de Comunicación Regional (RCR).

El analista agregó que la actividad aurífera en Pataz mueve importantes cantidades de dinero y que ese factor habría favorecido la expansión de estructuras criminales que disputan el control territorial de los socavones.

Control criminal

“Hay un control de las organizaciones criminales en Pataz, que está vinculado directamente a la minería ilegal. Por versiones reservadas puedo confirmar que a muchos de los mineros informales de la zona le pusieron dos alternativas. Una alternativa fue: ‘trabajas con las organizaciones criminales, y pagas un cupo por tu actividad minera, o terminas en una fosa común o al fondo del río Marañón’”, afirmó.

El abogado contó que algunos mineros que se resistieron a estas exigencias habrían sido asesinados o desaparecidos, mientras que otros optaron por pagar los cupos. No obstante, al referirse al caso de Jenss Lara, precisó que no tiene confirmación de que el empresario haya estado pagado cupos de extorsión.

Fue una liberación

Respecto al desenlace del secuestro, Quiróz afirmó que el empresario minero Jenss Lara Tantaquilla fue liberado cerca del balneario de Huanchaco y que luego llegó por sus propios medios a su vivienda.  “Fue una liberación. Obviamente esa liberación debe responder sin duda al pago de lo que seguramente se habrá negociado entre la familia. Recordemos que el padre de Lara Tantaquilla también es un minero de Pataz, entonces la familia tiene muchos recursos, seguramente llegaron a un acuerdo y eso llevó a la liberación”, aseguró.

La PNP deja muchas dudas

Quiróz también cuestionó las explicaciones ofrecidas en Trujillo por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, y el Gral. PNP Óscar Arriola. Según el analista, la intervención policial dejó muchas dudas sobre las circunstancias de la liberación y sobre la información difundida públicamente por las autoridades.

“Fue muy vergonzoso. Uno puede ver el video de la conferencia de prensa: cuando el general PNP Óscar Arriola iba a iniciar las explicaciones, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, le quitó el micrófono. Arriola iba a señalar que se trató de una liberación, pero el ministro dijo que no darían detalles porque el caso aún era materia de investigación y se realizaban diligencias. Sin embargo, al final, el comandante general de la PNP afirmó: ‘Bueno, señores, esto ha sido una liberación’. Las explicaciones sobre un caso de secuestro y sicariato correspondían a la Policía, no al ministro de Defensa. ¿Qué tiene que ver el ministro de Defensa en estos temas delictivos?”.

“Me parece muy raro esta situación. Y además también ha salido a la luz un video donde se puede ver ya con claridad que un patrullero de la PNP venía prácticamente como escolta de la camioneta donde venían estos asesinos. Estas cosas son muy extrañas y lamentablemente el gobierno no ha tenido la capacidad y la claridad de explicar esta situación”, añadió.

Detenidos “no calzan” con video del rapto

Quiróz también puso en duda la identificación de los 5 detenidos como responsables del secuestro a partir de elementos que, según sostuvo, deberían ser incorporados a la investigación criminal. Mencionó entre las diligencias la absorción atómica, la antropometría y la balística forense, además de la presentación de armas, celulares y uniformes que habrían sido utilizados durante el rapto.

“Se puede visualizar claramente a estos sujetos y si uno analiza la antropometría, que es la contextura, la talla, el peso, el ancho, con esa antropometría, a simple vista sin ser experto, te puedo decir, por ejemplo, que el tal Juliacho, que fue detenido, que mide 1,50. Lo que conocemos de armas, ese tipo de armamento que se ha utilizado aproximadamente tiene casi 90 centímetros de largo. Imagínate un sujeto de un metro cincuenta cargando un arma de fuego de casi un metro. Es ridículo”, afirmó.

Por último, Quiróz planteó que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori debería aplicar una estrategia extraordinaria contra las organizaciones criminales, debido a lo que calificó como un desborde de la criminalidad.

“Creo que la presidenta debería ya establecer a estas organizaciones criminales como organizaciones terroristas, como lo hizo Bukele en El Salvador. Copiemos lo que ha resultado en El Salvador, hay que copiar, por lo menos no es tan difícil. Declarar a estas organizaciones criminales como organizaciones terroristas, ¿para qué? Para que con una legislación especial contra el terrorismo se pueda combatir a estas organizaciones criminales”, sostuvo el analista político.