El escenario político e institucional en Bolivia dio un giro decisivo tras la emisión de una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales (2006-2019).

Lima, 29 de julio de 2026.- La medida, dictada por el fiscal Brayan Melgar, coloca al líder indigenista en el centro de un cerco judicial sin precedentes inmediatos, imputándole delitos de alta gravedad que van desde terrorismo y alzamiento armado hasta la interrupción de servicios públicos vitales.

​La resolución fiscal es la respuesta a la severa crisis social vivida entre mayo y junio.

Durante ese período, grupos afines a Morales, junto a sectores campesinos paceños y la Central Obrera Boliviana (COB), estrangularon las principales vías de comunicación del occidente y centro del país.

​La consigna central de las movilizaciones exigía la dimisión incondicional del presidente Rodrigo Paz.

No obstante, el impacto de los bloqueos rebasó la pulseada política y derivó en una emergencia humanitaria y económica.

El expediente que hoy compromete la libertad del exmandatario se nutre de la demanda promovida a inicios de julio por los liderazgos cívicos de Santa Cruz —motor económico de la nación—, a la que posteriormente se adhirió de manera formal el Ministerio del Interior bajo la representación de Marco Antonio Oviedo.

La investigación judicial no se limita al expresidente. El cerco abarca también a los principales articuladores de las protestas:

​Marco Argollo: Máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB). 

​Vicente Salazar: Líder campesino de La Paz, actualmente recluido en detención preventiva desde el pasado 6 de julio por procesos paralelos.

​Con esta acusación por asociación delictuosa e instigación pública a delinquir, el gobierno y el sector privado buscan sentar un precedente sobre las consecuencias penales de las medidas de fuerza que paralizan el aparato productivo del país.